El PSOE y los socios del Gobierno pactan estudiar en el Congreso la 'paga ciudadana'

El Parlamento da el banderazo de salida a la creación de una subcomisión que debata la "renta ciudadana básica". ERC e IU recalcan su deseo de introducir esta paga "paso a paso", algo que apoyaría el PSOE para determinados colectivos.

16-06-2005 - La propuesta para crear una “renta básica ciudadana”, lanzada por los socios del presidente Zapatero en el Parlamento, ha empezado a tomar cuerpo. Las proposiciones de ley presentadas por ERC e IU para conseguir que todos los españoles cobren una paga cercana a los 300 euros al mes “por el mero hecho de ser ciudadanos” –como defienden ambos partidos– (ver EXPANSIÓN de ayer) contarán, además, con una subcomisión en el Congreso de los Diputados.

El acuerdo, adoptado el 17 de mayo, supondrá organizar un grupo de trabajo dentro del Parlamento encargado de analizar el impacto y la viabilidad de esta paga. La decisión de tramitar la creación de la subcomisión fue adoptada por la Mesa del Congreso –donde están representados el PSOE, PP, IU y CiU– e “implica el trámite formal para la creación de este grupo de trabajo [...] algo que el PSOE ve con buenos ojos y que está ya pactado”, afirman fuentes de ERC.

Ayer, el diputado del PSOE, Juan Antonio Barrio, reconoció a EXPANSIÓN que la intención de su grupo es proponer una aplicación progresiva de la medida y centrarla en determinados colectivos. Los primeros grupos beneficiados podrían ser las amas de casa, parados de larga duración y personas que cuiden a dependientes. Para estos últimos, la renta básica podría incluirse en la futura Ley de Dependencia que debate el Congreso. En todo caso, la intención de los socialistas es que la subcomisión empiece a funcionar a finales de septiembre.

Consultas a expertos
“A partir de ahora, deberán empezar los trabajos de consulta con economistas y expertos e, incluso, la solicitud de un informe al Ministerio de Economía y Hacienda, sobre las posibilidades de regulación de esta renta básica”, aclaran desde ERC. Tanto IU como el partido catalán admiten “que el proyecto al cien por cien puede ser inasumible”. Y es que el coste total de la propuesta de la paga ciudadana podría superar los 100.000 millones de euros al años (cerca del 15% del PIB nacional). Pero las dos formaciones aseguran que sí es posible iniciar una implantación “por fases”, de forma que los colectivos más necesitados pudiesen comenzar de inmediato a cobrar esta paga con cargo a los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas.

Al margen de esta subcomisión, tanto IU como ERC mantienen sus proposiciones de ley en el Congreso. Y en ambos textos plasman de forma expresa su reclamación al Ejecutivo de que aborde la implantación de la paga. Según ambos textos, los perceptores de la paga deberían ser todos los españoles. Y tan sólo se recoge una excepción: la de aquellas personas que en estos momentos ya estuviesen percibiendo prestaciones no contributivas de las administraciones públicas equivalentes a unos 300 euros al mes.

A lo largo de los últimos años, numerosos representantes del PSOE han defendido la idea de una renta básica ciudadana. Entre ellos, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que en su etapa en la oposición aplaudió la posibilidad de contar con una paga cuyos máximos benefactores fuesen los jóvenes sin ingresos, las amas de casa o los ancianos más desfavorecidos.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, esgrimió argumentos a favor de esta iniciativa en los meses previos a las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Las bases de Zapatero para defenderla pasaban por señalar que debe “generalizarse [la paga] entre las personas que carecen de unos ingresos mínimos que les permitan enfrentarse de forma básica a sus proyectos vitales”.

La definición de Zapatero sacaba del colectivo de perceptores de la renta a las personas que contasen con ingresos propios (principalmente por medio del trabajo o de rentas del capital), capaces de asegurarles un adecuado nivel de vida. Desde ERC no dudan que entre los socialistas el proyecto cuenta con simpatías. “Cómo no va a ser bien visto cuando Zapatero lo ha defendido en varios foros”, apuntan.

Un proyecto por fases
La propuesta de conceder un salario universal es insostenible a corto plazo. Fuentes de ERC reconocen que supondría tal descalabro para las cuentas públicas que provocaría un efecto contrario al deseado. Por eso, los grupos que la apoyan estarían dispuestos a pactar una aplicación gradual.

Desde ERC aspiran a que sea en la propia subcomisión donde se fijen los plazos de una posible aplicación práctica de la medida. Tanto la proposición de ley de ERC como la de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados contemplan la necesidad de estudiar la posibilidad de implantar “regímenes transitorios imprescindibles”. Además, los parlamentarios de IU concretan algunos de los colectivos que podrían beneficiarse de inmediato de una posible aplicación gradual. Serían los ancianos con menores ingresos, quienes cuidan a las personas dependientes y los colectivos más desfavorecidos, que en algunas regiones españolas ya disfrutan de una renta mínima por estado de necesidad (que no sería equivalente con la renta básica).

También comparte la idea de llevar a cabo una aplicación gradual el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando plasmó en el libro Políticas Sociales y Estado del Bienestar su deseo de regular una paga universal, apuntó que se trataría de un proyecto “en tres fases, a largo plazo”. La propuesta realizada en el año 2003, que Zapatero contrapuso a la idea del “mínimo vital” exento de cotización que promovía el Partido Popular, incluía en la fase inicial a los parados sin cobertura, las amas de casa de rentas familiares bajas y los jóvenes emancipados en busca de su primer puesto de trabajo.

La propuesta más específica de aplicación gradual es la del Observatorio de la Renta Básica de la asociación Attac (a los que han consultado ERC e IU) y plantea concederla inicialmente a las personas mayores de 60 años sin derecho a pensión, los desempleados de larga duración mayores de 52 años y los niños menores de 3 años (complementando así la paga de 100 euros a las madres trabajadoras implantada en 2003 por el PP).

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