Protegidos de por vida

Los dependientes tendrán derecho a ser asistidos, y si no lo son, podrán acudir a los juzgados

26-09-2006 - Todo apunta a que la ley de Dependencia, considerada por todos los grupos como el proyecto social de mayor calado desde que se universalizaron la sanidad y la educación en los años ochenta, recibirá el primer visto bueno del Congreso este jueves. Al final, con un apoyo muy amplio. Basta decir que el PP ha pactado con el PSOE, mientras que los únicos que se han desmarcado de esta iniciativa han sido los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos del PNV, principalmente por cuestiones competenciales y de financiación.

El acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas acaba con meses de negociaciones para limar aspectos que apenas si modifican los derechos que inicialmente recogía el texto del Gobierno. Sobre todo, uno: el derecho de cualquier dependiente, ya sea físico o psíquico, a recibir asistencia por parte de las administraciones, al margen de su situación económica o familiar. Tanto es así que si se viera privado de esa prestación podría reclamarla por vía judicial, todo un hito en el país más envejecido de Europa y que seguirá envejeciendo aún más en los próximos años.

Con el pacto de ayer ya se puede asegurar que la ley de Dependencia entrará en vigor el próximo 1 de enero. Llegado el momento, todas aquellas personas, sea cual sea su edad, y que no pueden valerse por sí mismas, serán evaluadas por los equipos técnicos de cada comunidad para determinar su minusvalía. Y en función del grado de dependencia, recibirán un servicio u otro, o bien una prestación económica determinada. Una parte del coste de esta asistencia será abonada por el beneficiario, en función de la renta que perciba. Por el momento, el porcentaje del copago está sin definir.

CIFRA EN ALZA. Se calcula que en estos momentos hay alrededor de 1,1 millones de personas dependientes en España, el 80% de ellas, mayores de 65 años. Las previsiones apuntan a que en el 2025 esta cifra habrá aumentado hasta 1,5 millones de personas.

CATÁLOGO DE SERVICIOS. En función del grado de dependencia, los equipos técnicos asignarán el servicio, desde la teleasistencia hasta la ayuda a domicilio, centro de día, centro de noche o ingreso en una residencia (éstos siempre para los más graves y como último recurso). También se incluye la contratación de un asistente personal, sobre todo para minusválidos físicos, a fin de facilitar al dependiente una vida autónoma.

RED DE CENTROS. El derecho a la asistencia dependerá del Sistema Nacional de Dependencia (SND), organismo de próxima creación, similar en el funcionamiento al Sistema Nacional de Salud. El SND estará configurado como una red de uso público, que integrará de forma coordinada centros y servicios tanto públicos como privados.

LOS PRIMEROS, LOS CASOS GRAVES. La puesta en marcha de este sistema requerirá ocho años, Los primeros que serán atendidos son los casos más graves (unos 200.000) y, a medida que éstos reciban asistencia se irán incorporando más beneficiarios hasta universalizar la asistencia en el 2015.

COSTE DEL SISTEMA. El principal escollo para alcanzar un acuerdo unánime ha sido la financiación del sistema. De hecho, no se ha alcanzado por este punto específico. El Gobierno considera que hasta el 2015 deberá aportar casi 13.000 millones, la misma cantidad que deberán poner sobre la mesa las comunidades. El papel del Gobierno en este asunto, decretando servicios y cantidades a las autonomías, ha provocado la indignación de CiU y PNV. El PP al final ha conseguido establecer criterios a la financiación de las comunidades en función del número de dependientes, de inmigrantes retornados, la dispersión o la insularidad.

CELESTE LÓPEZ
La Vanguardia

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