Vuelos secretos de la CIA

¿Podemos imaginar más flagrante violación de los derechos de la persona humana, cometida por Estados que no dejan de pregonar su apego a la ley?
Ignacio Ramonet

06-03-2007 - ¿Indecencia? ¿Cinismo? ¿Perversión? ¿Cómo calificar la actitud de los Gobiernos europeos, sorprendidos en flagrante delito de complicidad con servicios de inteligencia extranjeros en el secuestro clandestino de decenas de sospechosos arrastrados hacia prisiones secretas y entregados a la tortura? ¿Podemos imaginar más flagrante violación de los derechos de la persona humana, cometida por Estados que no dejan de pregonar su apego a la ley?

Dos acontecimientos recientes son testimonio de la esquizofrenia reinante. En primer lugar, el 7 de febrero último en París, la solemne firma, por la mayor parte de los Gobiernos europeos, de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las "desapariciones forzadas" (1), que criminaliza el uso de las prisiones secretas. Y luego, el 14 de febrero, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, la aprobación de un informe que acusa a esos mismos Gobiernos de complicidad con la Central Intelligence Agency (CIA) estadounidense, en operaciones de secuestros clandestinos.

Según ese informe (2), entre 2001 y 2005, los aviones de la CIA hicieron no menos de 1.245 escalas en aeropuertos europeos, llevando con frecuencia a bordo a sospechosos víctimas de "desapariciones forzadas", conducidos clandestinamente hacia la cárcel ilegal de Guantánamo o hacia prisiones de países cómplices (Egipto o Marruecos), donde la tortura es una práctica habitual.
Desde entonces es evidente que los Gobiernos europeos no ignoran nada acerca de la naturaleza criminal de esos vuelos secretos. Por otra parte, algunos de ellos no se limitaron solamente a cerrar los ojos. Polonia y Rumanía, por ejemplo, son particularmente sospechosos de haber organizado en su territorio "pequeños Guantánamos" donde eran encarceladas, a la espera de su traslado definitivo, personas secuestradas en Pakistán, Afganistán u otros lugares.
Se presume que el Gobierno británico participó en el secuestro de sospechosos y en su maltrato. Lo mismo que los Gobiernos sueco y austríaco. En cuanto a las autoridades alemanas, se las acusa, entre otras cosas, de "no haber ignorado" el secuestro de uno de sus residentes, de origen libanés, Jaled El-Masri, que fue trasladado a Afganistán y torturado. Los servicios secretos italianos, por su parte, están acusados de haber ayudado a agentes de la CIA a secuestrar clandestinamente en Milán al imán Osama Mustafá Hasan Naser, llamado "Abu Omar", y de trasladarlo a Egipto, a un calabozo de la prisión Al Tora, en el sur de El Cairo, donde habría de ser torturado y violado (3).
Queda claro que esta masiva violación de los derechos humanos no pudo perpetrarse sin que los servicios del Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, así como los de su colaborador, el coordinador europeo de la lucha antiterrorista, Giis de Vries, hayan tenido conocimiento. De Vries, en un gesto elocuente, optó por renunciar a su cargo: "Los Estados democráticos -advirtió- deben librar su combate antiterrorista en el marco del respeto de las leyes (...). La acumulación de malos tratos en Abu Ghraib, los abusos de Guantánamo y los secuestros de la CIA han socavado la credibilidad de Estados Unidos y de Europa" (4).
Dirigentes o ejecutores, todos aquellos que han participado en esos secuestros deben temer a la justicia. Y meditar sobre el destino de María Estela Martínez, llamada "Isabelita Perón", ex presidenta de Argentina, un país donde en nombre del antiterrorismo las autoridades practicaron masivamente secuestros políticos. Acaba de ser detenida en Madrid, acusada de la "desaparición forzada" del estudiante Héctor Faguetti, en febrero de 1976, hace treinta y un años... La justicia es lenta, pero debe ser inexorable.


Notas:
(1) La Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, fue firmada por alrededor de sesenta países, entre ellos Chile, Argentina y Uruguay, pero no Estados Unidos. Al menos veinte Estados tendrán que ratificarla para que entre en vigencia.
(2) www.europarl.europa.eu
(3) El pasado 16 de febrero, un tribunal de Milán inició un procedimiento judicial contra veintiséis agentes estadounidenses de la CIA y seis miembros de los servicios secretos italianos acusados de haber organizado en febrero de 2003 la "desaparición forzada" del imán Abu Omar.
(4) El País , Madrid, 17 de febrero de 2007.

Le Monde Diplomatique

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