"No comparto la receta de la congelación salarial"

"Prefiero que las rentas altas paguen un 1% más que congelar un sueldo de 600 euros" Entrevista a Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración

05-05-2008 -

Lleva tres semanas en el cargo y dice que ha perdido tres kilos. El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración. Celestino Corbacho, afronta una situación complicada en el escenario laboral, con un desempleo en alza que afecta a la política de inmigración.

Por primera vez, España se enfrenta a una situación de paro elevado y mucha inmigración. ¿Cómo piensa afrontarlo?

No debe haber un tratamiento diferente en función de la condición de la persona. Pero lo que sí que hay que matizar es el discurso. En una estructura federal como la que tiene España, hay asuntos que son responsabilidad del ministerio, pero hay otros que corresponden a las administraciones autonómicas y locales. El paro es responsabilidad de las tres administraciones y entre todos tenemos que identificar y cooperar en las políticas activas de empleo. Defiendo un diálogo tanto social como territorial.

La tasa de paro de los inmigrantes es ya muy alta, de casi el 15%. ¿Significa que España ya no necesita más inmigrantes?

No haría una afirmación tan contundente, porque vivimos en una economía muy compleja, con elementos incluso contradictorios. Por ejemplo, aumenta el número de puestos de trabajo que se pierden pero todavía aumenta más el número de personas que se incorporan como cotizantes a la Seguridad Social. La desaceleración afecta a un sector: la construcción, que a su vez es el que incorporaba a más inmigrantes. Por tanto, el inmigrante que pierde el empleo no es a causa de su condición de inmigrante sino debido a que trabajaba en un sector que está en desaceleración.

¿Eso significa el fin de la contratación en origen?

No soy partidario de poner en crisis un modelo que es bueno. La contratación en origen facilita el control de la legalidad, da más garantías y permite que las empresas vayan a buscar a la gente que realmente necesitan. Dicho esto, no tendría demasiado sentido que con un mercado interior con paro se fuese a buscar trabajadores fuera. La prioridad número uno es que los empleos disponibles sean cubiertos por el mercado interior y sólo cuando no sea posible se contrate en origen.

Tanto Zapatero como usted han planteado la posibilidad de facilitar el retorno de inmigrantes a partir de la capitalización del desempleo. Sin embargo, en los últimos años pocos extranjeros han retornado a su país.

El retorno es una buena idea, pero no se han de crear falsas expectativas. Sobre este punto lo que he encargado es profundizar más en la idea de permanencia más que de coyuntura. Si nos limitamos a dar un plus a la persona de aquí que esté en el paro para que se vaya, puede que dentro de un año vuelva. Si por el contrario nos guía una voluntad de permanencia y si nuestras agregadurías laborales en las embajadas con convenios bilaterales con los gobiernos de origen establecen programas de retorno acompañados, entonces podemos conseguir que la persona que retorna se convierta en un emprendedor que además ayuda al desarrollo. Es cierto que estamos en una economía de contradicciones y puede suceder que tengamos un excedente de albañiles, que quizás otro país emergente necesita, pero al mismo tiempo nos hacen falta cuidadores. Y unos y otros no son intercambiables.

¿Con qué países se hablará de un retorno subvencionado?

No sería partidario de hacerlo universal. Por ejemplo, no a países de la UE, incluidos Rumanía y Bulgaria, cuya moratoria acaba dentro de seis meses. Dentro del espacio europeo ya funciona el mercado. Habrá que empezar con una prueba piloto y seleccionar algún país de Latinoamérica, como Ecuador o Colombia, o de África, como Marruecos. Hay que priorizar aquellos países que tengan un mayor número de trabajadores aquí y hacerlo en colaboración con la Agencia de Cooperación al Desarrollo. Hay que gobernar con luces largas. Y medidas como esta requieren cambios legislativos, porque hasta ahora la capitalización del paro sólo se permite a españoles y se hace en dos fases y para negocios autónomos.

El Gobierno francés ha criticado con dureza la última regularización. ¿Fue un error?

No comparto esta crítica. España tenía un problema grave, había

un número muy elevado de gente en situación irregular y se necesitaba gente para ocupar puestos de trabajo. Era un contrasentido ir a buscar gente fuera cuando aquí la había en situación irregular. Fue fruto de unas circunstancias. Lo que sí puedo decirle es que en estos momentos no hay idea de ninguna regularización.

¿Y qué pasará con la gente que no tiene papeles?

El único discurso que hace el Gobierno es que los inmigrantes han de ser legales. Puede haber todos los inmigrantes que se necesiten pero con contrato. Y cuando digo esto soy consciente de la realidad. El problema existe aquí y en todos los países europeos y no se podrá resolver en 48 horas. Pero nada de papeles para todos.

Qué pasa con los menores que llegan por reagrupación familiar: ¿se les concede el permiso de residencia pero no el de trabajo?

La ley tiene una debilidad y una contradicción. Es generosa para la reagrupación y en cambio tiene enormes contradicciones. El hecho de que la reagrupación no vaya acompañada del permiso de trabajo es malísimo. La primera intención del chico que llega es trabajar para ayudar a su familia y se encuentra con que no puede hacerlo, pero es que además no puede acudir ni a cursos de formación ni a una escuela taller. Y acaban en la calle. Esto se ha de revisar y en mi primera comparecencia en el Congreso de Diputados identificaré a corto plazo los instrumentos jurídicos y legales para hacerlo. Pero también anticipo que no seré un ministro de muchas leyes. En España hay una inflación de leyes y normas. Tengo vocación reformista, sin grandes cambios legislativos que desorientan.

Como alcalde se mostró a favor de que los inmigrantes pudiesen votar al menos en las municipales. Esto requiere también un cambio legislativo.

El derecho de voto para los inmigrantes no es una prioridad de la discusión política. Ha de formar parte de una cierta reflexión que no puede desbordar el marco constitucional. Hay que plantearse que en determinadas condiciones, por ejemplo, gente que lleva viviendo aquí desde hace ocho o diez años y con una clara vocación de permanencia pueda participar en la elección de sus representantes municipales. Si a un 25% de ciudadanos de una población no se le da la oportunidad de votar, es lógico que se desentiendan de la realidad. Ese derecho es una pieza importante de la integración. Pero esta debe ser una reflexión que se haga en sede parlamentaria, que la han de llevar los partidos y que se ha de hacer con un consenso muy amplio.

Zapatero dijo en la campaña electoral que citaría de inmediato a los agentes sociales, pero todavía no lo ha hecho.

Yo ya he tenido reuniones con Comisiones Obreras, UGT, la CEOE y la Cepyme. El próximo miércoles está convocada una reunión para presentarles la nueva estructura del ministerio para que, a partir de ahí, empiecen a trabajar en mesas sectoriales. Todo eso para concluir en una mesa al máximo nivel con el Gobierno, la patronal y los sindicatos para llegar a un acuerdo, cuyas bases podrían estar listas en verano. Es una de las prioridades del presidente, y yo he podido constatar tanto en la patronal como en los sindicatos buena predisposición.

Pero los sindicatos ya han dejado claro que no están dispuestos a hablar de moderación en los salarios.

Me parece razonable la posición de los sindicatos. Si el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco de España y el Ministerio de Economía pronostican un menor crecimiento económico, pero no negativo, si el Estado tiene todavía superávit, si la Seguridad Social está saneada, si el sistema de protección del desempleo no está en crisis y si todo el mundo pronostica una recuperación para mediados del año próximo, no puedo estar de acuerdo con la receta de congelación salarial o disminución del poder adquisitivo de los salarios. Incluso se contradiría con el objetivo de desarrollo de la economía: si los asalariados pierden poder adquisitivo, lo primero que se resentirá es el consumo. Otra cosa es que por la propia dinámica del mercado se acaben ajustando al igual que se han ajustado los precios de la vivienda. En este aspecto estoy mucho más cerca de los sindicatos que de la CEOE.

También pide moderación el Banco de España.

Bueno, pues también estoy más cerca de los sindicatos que del Banco de España. Pedirle a una persona que gana 600 euros que acepte congelar su salario no me parece bien. Es mejor que las rentas más altas paguen un 1% más. Las clases más desfavorecidas no deben pagar la coyuntura. Otra cosa es que apliquemos políticas de apoyo a las empresas, como el adelanto del retorno del IVA o avales del ICO.

¿Va a plantear una reforma laboral?

Hay que reformar bastantes cosas en el Ministerio de Trabajo. Hoy en día las políticas activas de empleo están descentralizadas, y el papel del ministerio debe ser más de visión global y de concertación, en lugar de intervenir directamente en los asuntos de empleo y paro como ha hecho históricamente. No se hará en tres meses ni en dos años.

¿Se tocará la legislación sobre despido y contratación?

Hay suficiente flexibilidad en los sistemas de despido y de contratación como para que no sean un problema y al mismo tiempo aseguren una serie de garantías. Soy bastante liberal y creo en el mercado, pero el mercado no es el depositario de los derechos de la gente. El despido libre no forma parte de nuestro sistema de bienestar social. No creo en el modelo americano, porque he podido comprobar lo injusto que es.

La reforma del sistema de cálculo de las pensiones es otro de los asuntos pendientes. ¿Se va a abordar?

La referencia es el pacto de Toledo. Cualquier reforma debe estar en el espíritu de este pacto. Como ministro, no me atrevería a hacer una propuesta unilateral.

DOLORS ÁLVAREZ / JOSEP PLAYÀ
La Vanguardia