La partida que tendrá que dedicar la Seguridad Social a mantener el poder adquisitivo de los jubilados se acerca a los 5.000 millones de euros por la escalada de los precios.
01-07-2008 - La desviación de la inflación real respecto a la subida inicial en enero de las pensiones amenaza con elevar a la cifra más alta de la historia, la partida presupuestaria que la Seguridad Social dedica a preservar el poder adquisitivo de estas prestaciones.
El IPC en junio se elevó al 5,1%, en tasa interanual, lo que supone 3,1 puntos más que la subida inicial del 2% que tuvieron las pensiones a principios de año. Este hecho significa, a día de hoy, y a la espera del dato final de la inflación en noviembre, que el gasto adicional en las prestaciones por esta razón se eleva a cerca de 4.400 millones de euros.
Esta cifra es el resultado de multiplicar el coste total de cada décima de desviación –144 millones de euros– por las 30 décimas de desviación.
Hay que tener en cuenta que los 144 millones de cada décima se dividen en dos: 72 millones de euros destinados, en cada décima, a la paga extraordinaria que reciben todos los pensionistas más una cifra similar dirigida a financiar que esa paga pasa a formar parte de la pensión para toda la vida, dividida en catorce meses.
Por lo tanto, si la desviación de la inflación real se mantiene hasta noviembre tan elevada respecto a la subida inicial de las pensiones se producirán dos hechos. El primero, que en 2008, la Seguridad Social dedicará la partida más elevada a este fin desde que, en 1997, con el PP, se instaurase por ley la obligación del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y, en segundo lugar, que el Ejecutivo tendrá que duplicar el crédito de dos mil millones de euros que en los últimos años dedica a este fin, según informó ayer el secretario de Estado, Octavio Granado. Sin embargo, el gasto adicional en pensiones no es el único efecto de la crisis sobre el sistema de la Seguridad Social.
Así, el Gobierno ha decidido que el Fondo de Reserva de las pensiones públicas dé mayor prioridad este año a la inversión en deuda española frente a la extranjera, como consecuencia de la necesidad de liquidez del Tesoro, el impacto de la crisis financiera internacional y el encarecimiento de la deuda alemana, muy requerida por los inversores por su solvencia.
Así, de los 9.200 millones de euros que debe invertir la Seguridad Social en activos públicos, entre el 60% y el 70% se dedicarán a bonos y letras españoles y el resto a la deuda de Francia y Países Bajos, que son también países de gran solvencia en los mercados internacionales.
De todas formas, Granado aprovechó su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para pedir a la oposición, y en especial al Partido Popular, la consecución de un acuerdo que permita invertir una parte de la llamada hucha de las pensiones en los mercados de renta variable, desde la Bolsa a otros mercados.
La falta de acuerdo con el PP obligó al Gobierno a retirar un proyecto de ley en la pasada legislatura. Granado dijo que la Seguridad Social “puede seguir gestionando el Fondo de Reserva como hasta ahora”, pero consideró “urgente” alcanzar un acuerdo político para su reforma, porque, de lo contrario, “estaríamos perdiendo una oportunidad de hacer una gestión más eficiente”, y con mayor rentabilidad, de lo que se hace ahora.
Al terminar este año, y tras la nueva dotación aprobada la semana pasada por el Gobierno, la cuantía del Fondo de Reserva se elevará a 56.000 millones de euros.
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