CCOO afirma que la privatización de carreteras costaría 960 millones más que la fórmula actual

CCOO ha planteado hoy serias dudas a la propuesta de privatización (colaboración público-privada) realizada por el Gobierno de Aragón el pasado mes de enero para la red de carreteras aragonesas.

10-07-2008 - La Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Aragón ha realizado un informe sobre el proyecto “Red de Carreteras 2008-2013” en el que mantiene que la fórmula propuesta, de concesión a 25 años, resultaría más cara (960 millones) y daría “peor servicio”.

CCOO Aragón ha solicitado hoy al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, que se “replantee” la implantación del sistema de colaboración público-privada propuesto en el próximo plan de carreteras autonómicas a la luz de los datos obtenidos en un estudio elaborado por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de la central. Allí, el sindicato mantiene que la opción planteada supondría un aumento del coste de, al menos, 960 millones de euros, que se destruiría empleo público fijo y de calidad por otro precario e inestable y que todo ello no garantizaría una mejora en el servicio, sino todo lo contrario, que la división en ocho zonas a la hora de adjudicar daría lugar a “graves problemas de coordinación”.

El secretario general de CCOO Aragón, Julián Buey, ha aclarado que la postura del sindicato no es meramente “ideológica”, sino que está refrendada en un aumento de los costes que pagarán “todos los aragoneses” con la incertidumbre que genera un “cambio radical de modelo difícilmente reversible”. Por todo ello, ha solicitado a la DGA que contraste su postura con un estudio “muy riguroso” elaborado desde la FSAP y que, una vez analizada, someta la aprobación del proyecto a información pública.

El secretario de Formación de esta federación, Vicente Esteban, ha detallado el contenido de este trabajo para rebatir las bondades del nuevo modelo de concesión, adecuación y mantenimiento para la mayoría de las carreteras aragonesas. Así, ha planteado las dificultades de coordinación que supondría la ampliación de la estructura actual, formada por tres servicios provinciales, a su vez divididos en cuatro secciones cada uno, que se vería multiplicado en las ocho nuevas demarcaciones planteadas. Todo ello, ha recordado, en un territorio muy montañoso, donde la vialidad invernal juega un papel crucial. “En el caso de que hubiera una gran nevada en la zona de Daroca, una máquina limpiaría la nacional, otra o varias más limpiarían las carreteras que dependen de la DGA, otra sería para las de la Diputación de Zaragoza y otra para la de la adjudicataria de la zona en cuestión”, ha ejemplificado.

Además, ha rebatido que la concesión privada sea “más económica, más eficaz y más eficiente”, en tanto que el costo total sería, según los cálculos de este estudio, 960 millones más caro en el caso de la privatización (con un total de 2.308 millones de monto final frente a los 1.346 del sistema actual). También ha desmentido que esta sea una solución al déficit público, ya que, si bien con el sistema actual durante los tres primeros años se incurriría en un mayor endeudamiento, el superávit sería mayor en el resto del periodo. “Lo que nos cuesta de más este proyecto supondría la financiación actualizada durante 25 años de los programas de atención a la dependencia, política integral de apoyo a la familia, atención a la juventud y cooperación al desarrollo”, ha subrayado.

En materia de empleo, Esteban ha apuntado que el proyecto supone una “seria amenaza” para una plantilla de 497 trabajadores públicos que ya sufre un alto grado de temporalidad (el 25,5%) y que durante los últimos años ha visto cómo se dejaban sin cubrir 25 plazas. En opinión de la federación, estos trabajadores resultarán “molestos” para las empresas, que “tendrán interés en aumentar su ámbito de negocio”.

Más duro si cabe ha sido el secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Aragón, Enrique Gracia, que ha ironizado sobre la posibilidad de tener “una red espléndida de carreteras en cinco años que pagaremos cómodamente en 25 años”. “Si recurrir a este sistema de financiación es semejante chollo, cómo son tan tontos el resto de comunidades autónomas”, ha insinuado, para añadir que “ningún estado europeo, ninguna región, está recurriendo a esta fórmula”, que sólo sería útil “en casos de alta intensidad de uso y alto nivel tecnológico”.

Finalmente, Gracia ha advertido que su puesta en práctica “compromete la cohesión social” de la Comunidad, ya que las diferentes partidas de amortización se incluirían cada año en el capítulo cuarto de los presupuestos (transferencias a terceros), “el mismo en el que figura el gasto social”.

CCOO Aragón

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