Tremendas desigualdades

Los gobiernos habrán de promover un pacto social por la igualdad. Sindicatos, asociaciones feministas y sociedad civil tienen la responsabilidad de reclamarlo.

16-07-2008 - LA COMISIÓN Europea ofrece cada año un informe en el que analiza las desigualdades entre hombres y mujeres. En el del año 2008 señala que: “Son innegables los avances cuantitativos que se han producido en los últimos diez años en el empleo de las mujeres, aunque aún se precisa de esfuerzos para mejorar el aspecto cualitativo”. Con ‘avances cuantitativos’ se refiere al aumento de las tasas de empleo femenino. Por aspectos ‘cualitativos’ entiende que: “Hay varios aspectos de la calidad del trabajo femenino que siguen siendo problemáticos”. ¿Cuáles?

Continúa el informe: “Los indicadores de remuneración, segregación del mercado laboral y presencia de mujeres en puestos de responsabilidad no muestran ningún progreso significativo desde hace varios años (…) La segregación sectorial y ocupacional por sexo no baja e incluso aumenta en algunos países, lo que indica que las mujeres que han entrado recientemente en el mercado laboral lo han hecho en sectores y profesiones que tradicionalmente cuentan con una presencia mayoritaria de mujeres”.

Más adelante, el informe destaca la significativa caída de la tasa de empleo de las mujeres con hijos pequeños a cargo (un promedio de 13,6 puntos), mientras que en el caso de los hombres esta tasa aumenta.

El 76% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, y también son mujeres la mayoría de los contratados temporales. El paro de larga duración sigue siendo mucho más frecuente entre las mujeres (4,5 %) que entre los hombres (3,5 %). Finalmente el informe resume que las carreras profesionales de las mujeres son más cortas y más lentas y están peor remuneradas, lo que incide también en el riesgo de pobreza, particularmente entre las mujeres mayores de 65 años (21%, cinco puntos más que los hombres). Llamar ‘avances cuantitativos y no cualitativos’ a estas tremendas desigualdades es un eufemismo bastante típico de los informes europeos.

Sin solución dentro del modelo actual

El informe citado clama por: “Empleos de calidad que favorezcan la independencia económica de las mujeres”, así como por: “Un firme compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para combatir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres”. Nada más necesario.

Sin embargo, la Comisión Europea parece olvidarse de sus propios consejos cuando propone medidas concretas. Si no, ¿de qué otra forma podríamos explicarnos la propuesta de anular la actual directiva que limita la jornada a 48 horas semanales para aumentar ese tope hasta 65 horas?

Aún para las personas sin responsabilidades de cuidados, 65 horas son una barbaridad: divididas entre cinco días de trabajo semanal, salen a 13 horas al día, y si contamos 8 horas de sueño, 2 de transporte y 2 de comida, llegamos a 25 horas diarias.

Imposible, estas cuentas deben de estar mal hechas. Otra posibilidad: si dividimos entre 7 días salen 9,3 horas diarias. ¿Será esto? Adiós entonces a lo de ‘y el séptimo descansó’ que nos contaban en la escuela para inculcarnos el derecho básico al descanso semanal. Pero, ¿y la vida familiar? ¿Cómo se conjuga la jornada interminable y la flexiguridad (o flexiseguridad, o sea, el despido libre) con las llamadas ‘medidas de conciliación’ que ‘aseguran’ a los trabajadores con responsabilidades familiares derechos a reducciones de jornadas, excedencias con reserva del puesto de trabajo, flexibilidad en los horarios, etc.?

Sólo existe una explicación a este aparente enigma: a la hora de legislar, se sigue pensando en dos grupos de personas diferentes: uno el de los trabajadores a tiempo completo y sin dedicación al cuidado.

El otro, el de las personas con responsabilidades de cuidado que se ven obligadas a sacrificar su carrera profesional. En definitiva, se sigue legislando conforme al modelo de ‘sustentador masculino/esposa dependiente’.

Como ya ha pasado en países como Holanda o Alemania, estas medidas de ‘conciliación’ configuran un mercado de trabajo segmentado en el que las mujeres que osan tener hijos se ven condenadas al tiempo parcial y a los ‘trabajillos para mamás’ según la denominación alemana. El asunto no afecta solamente a las mujeres con hijos, ya que los empresarios se curan en salud: en Holanda, por ejemplo, ya el 75% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial. En España, con las crecientes facilidades para la reducción de jornada, el tiempo parcial está aumentando a marchas agigantadas. Y no hace falta decir que la inmensa mayoría de las personas a tiempo parcial son, en todas las partes del mundo, mujeres; ni tampoco hace falta recordar que el tiempo parcial es también salario parcial y derechos parciales de todo tipo; en resumen, que el tiempo parcial no permite la independencia económica.

Ésta es la razón por la que los hombres no se acogen a estas supuestas ventajas.

En nuestro país, como antes en otros, se están dando a las mujeres supuestas compensaciones por el cuidado. Pero, ¿se puede compensar a las mujeres por la pérdida de derechos que les ocasiona su alejamiento del empleo? Diane Sainsbury explica que esas prestaciones siempre son sustancialmente menores que los derechos sociales basados en la participación en el mercado de trabajo.

Las pensiones no contributivas, las prestaciones para cuidadoras familiares o las compensaciones por excedencias, no permiten a las mujeres una vida económica independiente.

En definitiva, no hay solución dentro del modelo de ‘sustentador masculino/esposa dependiente’.

Economía y demografía: aliadas de la igualdad

Al igual que los hombres no se acogen a las medidas de conciliación, las mujeres, en su mayoría, ya no ‘eligen’ ser dependientes.

Las tasas de actividad de las mujeres jóvenes no casadas son ya prácticamente iguales a las de los hombres, y también las de las casadas van camino de serlo. ¿Es esto un problema para la sociedad?

Antes se pensaba que era necesario el sacrificio de las mujeres para ahorrar servicios públicos, y que la igualdad suponía un gasto que la economía no se podía permitir. Ahora sabemos que es justamente al contrario: la desigualdad impide el aprovechamiento del capital humano de las mujeres para el trabajo asalariado, así como el potencial cuidador de los hombres. La desigualdad provoca graves ineficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo y del sector público.

Numerosos estudios, por ejemplo el del sociólogo danés Esping Andersen, demuestran lo rentable que sería organizar el trabajo doméstico y de cuidados con servicios públicos y participación igualitaria de los hombres.

Sin embargo, aunque no hay argumentos ni de justicia ni de eficiencia económica para intentar frenar el proceso de incorporación total de las mujeres al empleo, parece subsistir el problema demográfico.

Las medidas tradicionalmente llamadas ‘natalistas’ y ‘de conciliación’ se apoyan en la creencia de que la transformación de la familia ha sido la causa de la caída de la tasa de fecundidad.

En base a esa creencia, muchas personas piensan que la única forma de recuperar dichas tasas de fecundidad es la vuelta de las mujeres al hogar, aunque sea temporal y/o parcialmente. Nada más lógico aparentemente. En base a ello, piensan que más vale sacrificar en parte el capital humano de las mujeres, aún en detrimento de la eficiencia económica a corto plazo, con tal de resolver el problema demográfico, que es uno de los mayores lastres de la economía a mediolargo plazo. Si esto fuera posible, tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las mujeres y los de la economía. Pero no lo es: en los países donde ya tienen derechos civiles, las mujeres no están dispuestas a renunciar a su autonomía personal en aras de la maternidad.

Es cierto que las prestaciones para el cuidado, si son incompatibles con el trabajo asalariado, tienen el efecto de disminuir la tasa de actividad de las mujeres con hijos, pero también lo es que estas mal llamadas ‘políticas natalistas’ no frenan la caída de las tasas de fecundidad (a pesar de las elevadas partidas de gasto público que suponen). De hecho, investigaciones recientes, como la de Mörtvick y Spant, muestran cómo las tasas de fecundidad más bajas de Europa son las de los países con modelos más tradicionales de matrimonio y cuidado de niños. (Ver Gráfico 1) 



El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha llegado a llamar ‘huelga de fecundidad’) es el siguiente: ante las dificultades para tener hijos sin renunciar a su trabajo y en condiciones adecuadas, las mujeres son reacias a tomar la decisión. Así, muchas renuncian a la maternidad (en España, el 19,4% de las mujeres en edad fértil afirma que no quiere tener hijos), otras toman la decisión de tener el primer hijo a una edad muy tardía (la edad del primer hijo se ha retrasado de 25 años en la década de 1950 a 30,6 años en 2006). Mucho más difícil aún es tomar la decisión de tener el segundo, pues a las dificultades de mantenerse en el empleo se añaden los conflictos de pareja que se plantean con el primero. Así es como se explica la enorme frecuencia de la norma ‘mujer con uno o ningún hijo’, como es el caso de muchas profesionales que, después de perder oportunidades por criar a su primer hijo, terminan, divorciadas o no, de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria.

Entonces, ¿cómo se consigue convencer a las mujeres de que tengan más hijos? La experiencia de los distintos modelos de políticas familiares en Europa es muy ilustrativa a este respecto: la única receta es la igualdad de género.

Hay tres factores claves: el primero es un buen sistema de educación infantil, con plazas suficientes y asequibles económicamente para la mayoría, así como horarios suficientemente largos y flexibles. El segundo es la participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, lo que se consigue principalmente con permisos de paternidad intransferibles, acompañados por supuesto de campañas educativas y otros incentivos. Por último, debe apoyarse a las madres solas, lo que además es clave para evitar la pobreza infantil.

El caso de Suecia es ilustrativo. En este país se llevaron a cabo reformas radicales de las políticas públicas para orientarlas hacia el modelo de sociedad de personas sustentadoras/ cuidadoras en igualdad.

Con todos estos cambios, la tasa de fecundidad sueca pasó de ser una de las más bajas de Europa a ser una de las más altas, y muchos autores, como Sommestad y Gustafsson, destacan que la conjugación de los objetivos demográficos con los de la igualdad de género fue determinante en este cambio. Hoy Suecia está a la cabeza de la igualdad de género y de la competitividad económica, aunque aún quede mucho camino que recorrer también en este país.

Crisis de cuidados

La otra cara de la moneda del problema demográfico es el aumento de la esperanza de vida. Así, cada vez hay más personas mayores que cuidar y cada vez menos personas en edad de hacerlo. Ésta situación se ha dado en llamar la ‘crisis de cuidado’, Como las mujeres han sido, hasta ahora, las proveedoras de cuidados casi en exclusiva, muchas personas piensan que su independencia económica, por muy justa que resulte y por muchos otros beneficios que acarree, entrañaría la disolución de los lazos familiares y el abandono de las personas a su propia suerte, mientras que el modelo familiarista de ‘sustentador masculino/esposa dependiente’ aparece como favorecedor de la cohesión familiar.

Esta idea está lejos de ajustarse a la realidad. De hecho, la frecuencia de atención a otros miembros de la familia es mayor en los países en los que el modelo de políticas públicas es el de ‘sustentadores/cuidadores en igualdad’, pero esa dedicación está más orientada al ‘cuidado de calidad’ en lugar de a satisfacer las necesidades básicas. Por el contrario, en los países en los que no ayudan los servicios públicos, y loshombres no participan, los familiares que se dedican lo hacen más intensamente, mientras que otros se alejan, como se ve en la siguiente tabla.

(Ver gráfico 2) Entonces, ¿a quién favorece el modelo de ‘sustentador masculino/esposa dependiente’? Quede esta pregunta abierta.



Lo que está claro es que ese modelo perjudica a las mujeres, no favorece a la familia, es pernicioso para la economía y es una catástrofe para la demografía.

No hay, pues, argumentos racionales para mantenerlo.

Medidas para un cambio de modelo

España se encuentra en una situación excepcional en la que las expectativas de igualdad entre hombres y mujeres son mayores que las existentes en ningún otro momento histórico y en la mayoría de los países de nuestro entorno.

La consecución de la igualdad está presente en las declaraciones de intenciones de las autoridades; y cuestiones antes relegadas, como la violencia de género o la desigualdad en los salarios y en el empleo, son hoy percibidas por la ciudadanía como graves problemas a resolver.

Por otro lado, nuestro sistema de bienestar social, infra-dimensionado por razones históricas, está en condiciones de situarse a la altura del desarrollo económico adquirido por nuestro país. Es ahora cuando se está decidiendo el modelo de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Aún no está desarrollada la atención a la dependencia, que puede ir por la creación de servicios públicos o por seguir estableciendo prestaciones para cuidadoras familiares (desgraciadamente, existen indicios preocupantes de que se está optando por la vía de las cuidadoras familiares, a pesar de que esa vía se contemplaba en la ley de dependencia solamente con carácter excepcional). En definitiva, está por ver aún la orientación del aumento de gasto público en protección social, que sin duda se llevará a cabo para disminuir el alto diferencial que nos separa de la media europea.

Pero ¿es posible un cambio de modelo? Está pendiente la discusión de cuál debe ser el enfoque de las políticas públicas. Apostar decididamente por la igualdad de género exigiría reorientar las prioridades del gasto público. Algunas de las reformas más importantes de la política social para situarnos en la vía de un modelo de ‘sustentadores/ cuidadores’ en igualdad serían: un permiso de paternidad intransferible e igual al de maternidad (reforma de los permisos actuales de maternidad, paternidad y parentales y establecimiento de un permiso por nacimiento o adopción igual para cada progenitor/a, que sea intransferible, pagado al 100%, de la misma duración y con la misma parte obligatoria para cada progenitor o progenitora); la individualización total del IRPF (con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa dependiente en la forma actual -declaración conjunta- o en cualquier otra posible); que las prestaciones y/o desgravaciones para el cuidado no estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad laboral de la persona cuidadora (esto implica la derogación del artículo 18 de la ley de dependencia y de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en la ley de igualdad);

servicio público de atención a la dependencia; universalización de la educación infantil de 0 a 3 años (con precios asequibles y horarios lo suficientemente largos y flexibles, así como recursos para horarios laborales especiales y emergencias de trabajo coyunturales);

y, la eliminación de todas las partidas del presupuesto público que supongan apoyar actuaciones no igualitarias y/o denigrantes para la imagen de las mujeres.

Todas estas reformas exigen voluntad política y una planificación a medio-largo plazo basado en un pacto social por la igualdad impulsado desde los gobiernos. Los sindicatos, las asociaciones feministas y la sociedad civil tienen la responsabilidad de reclamarlo. La discusión de las implicaciones económicas favorecerá la toma de conciencia necesaria para que este nuevo contrato de género sea posible.

María Pazos (maria.pazos@ief.meh.es) es experta en estudios fiscales, economía y estadística.

Revista Trabajadora Mujeres CC OO

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