Más de 1.100 ayuntamientos cambian de criterio y permiten las antenas de telefonía

Más de 1.100 ayuntamientos de toda España han decidido poner fin al continuo conflicto sobre el despliegue de antenas de telefonía móvil en sus municipios. La solución la han encontrado en el Código de Buenas Prácticas pactado por la FEMP y el sector de telefonía móvil en 2005 y que está empezando a dar sus frutos.

29-07-2008 - Dos razones han empujando a los ayuntamientos a buscar la salida. En primer término, el callejón judicial sin salida en el que se han metido con ordenanzas contrarias a la ley y que tratan de impedir el despliegue de antenas, por atender las demandas de colectivos minoritarios que protestan contra su instalación. En segundo, la necesidad de los alcaldes de dotar a sus pueblos y ciudades con una buena red de comunicaciones móviles, que les exigen la mayoría de sus ciudadanos, las empresas, y las propias administraciones que, paradójicamente, recurren cada vez más a los móviles para dar servicios: atención a personas dependientes, telemedicina, protección a víctimas de violencia de genero, emergencias 112, etc.
En el plano judicial existe un aluvión de sentencias de tribunales en casi todas las comunidades autónomas que reiteradamente tumban las ordenanzas locales contra las antenas, inspiradas por los colectivos ciudadanos que protestan contra ellas. Además, estas sentencias se han visto coronadas por una sentencia del Tribunal Supremo que, al margen de ordenanzas municipales, entra directamente al fondo de la cuestión que suscita este debate: ¿Nos protege la ley vigente de las antenas para la salud?.
Según el Supremo y a la vista de toda la literatura científica publicada, revisada por la OMS (mayo 2006), y empleada por el Gobierno para fijar unos límites de emisión a las antenas, la legislación vigente en España es suficiente para garantizar esa tranquilidad. Estos revolcones judiciales a los ayuntamientos y algunos colectivos anti-antenas han llevado a miles de corporaciones locales de toda España a alejarse de posiciones populistas y asumir un papel más responsable, ante un bloqueo cuyo coste para la economía española ha sido cuantificado por entidades como el Instituto de Empresa en más del 1% del PIB español.
La solución se la están brindando a los ayuntamientos la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que con ayuda del Ministerio de Industria ha firmado en la pasada legislatura un acuerdo con las empresas de telefonía móvil que desbloquee la situación. De ese acuerdo salió el compromiso de los operadores de aceptar un Código de Buenas Prácticas en el que se impulsaban aspectos como la compartición de postes entre varios operadores, adaptarlas al entorno en zonas de especial protección paisajística o monumental, etc. Los ayuntamientos, por su parte, asumían las recomendaciones de la Comisión Sectorial creada por el MITYC sobre el tema, y en concreto un modelo administrativo de tramitación de licencias que reduce de 20 a 6,5 meses el plazo para sacar adelante un emplazamiento.
También la FEMP se comprometía a poner en marcha una ordenanza tipo para todos los ayuntamientos, aprobada finalmente el pasado 29 de abril, en la que el despliegue de antenas ordenado y seguro fuera compatible con las necesidades del servicio, extremo que en muchas ordenanzas tumbadas por los tribunales se hacía imposible, con exigencias como alejar las antenas de las casas, sin ninguna razón científica, como se ha demostrado.
Los ayuntamientos siempre se han quejado de no disponer de una buena información técnica, legal y científica, suficiente y fácilmente accesible, para disponer un despliegue de antenas en sus ciudades ordenado y seguro. El acuerdo de la FEMP con las operadoras incluye la creación de un Servicio Asesoramiento Técnico e Información (SATI) a las corporaciones locales, que cuenta con especialistas en todas las materias para ayudar a los ayuntamientos a desbloquear la situación.
Cumplidos dos años desde que se puso en marcha este servicio, son ya más de 1.100 Ayuntamientos, de todas las comunidades autónomas, los que han aprobado su adhesión en Acuerdo Plenario y están poniendo orden en el conflicto. Entre ellos, destacan diez capitales de provincia que se han adherido a este código de Buenas Prácticas y se disponen a poner en marcha estos mecanismos de desbloqueo de las antenas: Madrid, Valencia, Málaga, Huelva, Jaén, Valladolid, Segovia, Lleida, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife y Lugo.

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