Fitch critica el desgobierno y los fallos de previsión en la Ley de Dependencia

La agencia de ráting evidencia el retraso sonoro de la puesta en marcha de la ley por la falta de un responsable claro de los servicios sociales. La crisis económica pone en peligro el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

08-08-2008 - La capa de guardián de los derechos sociales que se colgó el Ejecutivo con el impulso de la Ley de Dependencia –la norma que garantiza la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas– puede situar al Gobierno contra la pared, si no se cumple con las expectativas generadas, como sugiere la agencia calificadora Fitch.

Según la firma de ráting, “la autoridad del Gobierno podría ser cuestionada, porque el Estado garantizó un nivel mínimo de servicios a los dependientes, y algunas de sus solicitudes [alrededor del 30% de las presentadas] ni siquiera han sido revisadas”, más de un año después de la entrada en vigor de la norma.

Así de contundente es la conclusión del sesudo informe que publicó ayer la agencia de calificación, bajo el título de Cuidado social: Una presión adicional para las comunidades autónomas.

El primer blanco hacia el que se dirigen las críticas es la maraña de instituciones responsables de gestionar los servicios sociales. Por un lado, el Gobierno central “tomó la iniciativa de lanzar la Ley de Dependencia”, aunque son las arcas autonómicas las que deben hacer el esfuerzo de proveer los instrumentos de atención a los usuarios (residencias, centros de atención, etcétera), materia, por otro lado, que el Estado ya les había transferido previamente. La dualidad en la gestión no depura responsabilidades. “No está muy claro quién gobierna los servicios sociales”, dice.

El informe tampoco pasa por alto los problemas financieros para levantar el cuarto pilar del Estado del Bienestar. “En un clima de desaceleración (incluso de disminución) de los ingresos, combinado con el robusto crecimiento de gastos relacionados con la educación y la sanidad”, que avanzan a un ritmo del 8% anual, los autores señalan que la Ley de Dependencia “podría perturbar el dinamismo de la ejecución presupuestaria” de las autonomías.

Con las arcas vacías, el debate abierto sobre el modelo de financiación autonómica echará más leña al fuego. Entre otras cosas, porque las comunidades más desfavorecidas, según destaca Fitch, reclamarán un bote mayor que el resto para atender a todos los usuarios. En “Galicia, Asturias y Castilla y León, por ejemplo, la población mayor de 65 años representa el 20% del total”, frente a comunidades más jóvenes, como Canarias y Madrid.

Y ahí no queda todo. Si el sector público ya “está tropezando” con serias dificultades para dar a los dependientes sus paquetes de ayudas, a ello hay que unir unas proyecciones demográficas “nada alentadoras” (dos de cada diez personas tendrán más de 65 años en 2020), lo que pone en entredicho el alcance de la hucha prevista por el Estado para financiar el sistema.

Aunque no hace falta pensar a largo plazo. Los técnicos de Fitch recelan sobre las proyecciones de población que se insertaron en la ley para calcular el número de enfermos. “Podrían haber subestimado el número real de personas [impedidas]”, apuntan, tras destacar que dichas proyecciones se basaron en censos de población de 2001.

Otro boquete detectado es que las autonomías pueden pagar subsidios a los usuarios en vez de proporcionarles una plaza residencial, una licencia demasiada generosa, según Fitch. También echa en falta un sistema de “sanciones y compensaciones financieras” para penalizar a las administraciones rebeldes.

Una máquina a la que le falta mucha grasa
El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha puesto la guinda sobre el ya de por sí complejo sistema de dependencia. Las comunidades ya han advertido al vicepresidente que la Ley de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, supone una nueva carga financiera que no están dispuestas a cargar sobre sus espaldas.

La réplica es de sobra conocida. Aluden que el Gobierno se regocijó en su día de haber creado una ley estrella –de gran calado social– que ahora deben aplicar escrupulosamente el resto de administraciones. De hecho, es el Ejecutivo quien marca la pauta de la financiación, pues cada año concreta qué cantidad inyectará al sistema de protección y las comunidades tienen que alcanzar un nivel igual.

Recientemente Cataluña se ha unido al trío de autonomías, junto con Madrid y Murcia, que ha detectado una “falta de financiación adecuada” por parte de la Administración central, a la que reprochan no haber cumplido con los ratios de inversión aprobados para este año.

El Partido Popular presentó recientemente la comparecencia de la ministra Cabrera para que explique la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de Dependencia para el año 2008 y las previsiones presupuestarias para 2009. Hay que recordar que las autonomías aún no han acordado el grado de copago que pagarán los usuarios.

M. Tejo
Expansion

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