En cambio, aumentar 150 euros las pensiones mínimas sociales elevaría los precios y el gasto público y reduciría la recaudación estatal.
19-08-2008 - Elevar las prestaciones sociales suele ser frase en boca de todos los políticos en periodos preelectorales, pero nunca sobrepasa los límites del discurso y la oratoria. Sin embargo, no sería algo que ocasionara un gran gasto si se tratase de las no contributivas.
Este tipo de prestaciones, que recogen principalmente pensiones de invalidez y jubilación, son muy bajas. Así, duplicar estas prestaciones a las personas mayores de 65 años podría ser una opción para equilibrar su situación y no conllevaría significativos cambios económicos, según un informe de simulación de la Tesorería de la Seguridad Social.
Los resultados se valoran en tres posibles situaciones: incremento sin carga a ningún tipo impositivo o compensada con el IRPF o con el IVA, ya que estas prestaciones se financian a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o a figuras impositivas como las estudiadas en el informe.
En los tres casos se revela que tal supuesto de incremento no supondría un impacto económico relevante ni en los principales indicadores microeconómicos ni en los macroeconómicos. Los precios de producción, los salarios reales y los precios de bienes de consumo no registran cambios apreciables, excepto en la simulación en que se reescalan los tipos de IVA, aunque la variación no supera el 0,4% en ningún caso, según el informe. En lo que se refiere a las principales variables macroeconómicas y en los ingresos y gastos de las administraciones públicas, el estudio pone de manifiesto que el impacto es también de escasa magnitud.
Con todo, el documento concluye que, duplicar este tipo de prestaciones podría ejecutarse sin que ello supusiese ocasionar perjuicios significativos y sin elevar en exceso la presión fiscal. Si bien el informe revela que esto sucedería en las tres situaciones simuladas, la Tesorería de la Seguridad Social recomienda que se hiciese con la reescalación del IRPF, en la que los cambios en los precios, niveles de actividad, tasas de paro y los efectos en el resto de hogares son apenas perceptibles.
El principal objetivo del estudio es subrayar las consecuencias que conllevaría elevar las prestaciones a los mayores de 65 años. Del mismo modo, el documento justifica por qué en las situaciones simuladas el aumento del 100% de las prestaciones no contributivas a este colectivo no conlleva grandes transformaciones económicas. Así, argumenta que la escasa magnitud de estas prestaciones dentro de las totales del sistema de la Seguridad Social (3,6%) y los pocos beneficiarios de estas pensiones explicarían los modestos cambios.
Jubilación y viudedad
Esta situación económica casi inalterable no se repite en el supuesto de aumentar 150 euros las pensiones contributivas mínimas de jubilación y viudedad. Tanto en el caso anterior como en éste, la finalidad es incrementar el poder adquisitivo de los mayores de 65 años, pero los efectos no son comparables.
En este supuesto, la simulación se lleva a cabo en cuatro escenarios -sin ajuste fiscal, con compensación con el IVA, con el IRPF y con cotizaciones sociales-. El informe concluye que en el primero de los casos, la necesidad de financiación de las administraciones públicas registra un aumento permanente del PIB. Además, la mayor equidad social perseguida se consigue cuando el aumento del gasto en pensiones se contrarresta reescalando los tipos del IRPF y el IVA. Por último, el aumento de bienestar de estos pensionistas se consigue a costa de una reducción significativa de los contribuyentes que se materializaría en subidas de precios, caídas de los niveles de actividad de los sectores privados, elevación del paro, pérdida de recaudación y aumento del gasto público, según explica el informe.
Beatriz García
La Gaceta
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