Según Javier Doz, secretario confederal de Acción Sindical Internacional, el respeto de los derechos humanos de todas las poblaciones es la prioridad
28-08-2008 -
El reconocimiento, por parte de Rusia, de la independencia de Osetia del Sur y de Abjazia es un hecho grave, que va más allá de sumar un factor de inestabilidad en la conflictiva región caucásica. Si lo unimos a otras actuaciones de las potencias occidentales –escudo antimisiles en Polonia y Chequia, ampliación de la OTAN a lo largo de las fronteras de la Federación Rusa,…-, y a las correspondientes respuestas de Rusia, se puede empezar a hablar con propiedad de un clima de guerra fría.
El enfrentamiento entre nacionalismos locales exacerbados es, de nuevo, utilizado por las mayores potencias nucleares para dirimir intereses geoestratégicos. Al margen, por supuesto, de Naciones Unidas y de los intereses reales de las poblaciones afectadas.
La, sin duda, crisis más grave que se ha producido entre Rusia y las potencias occidentales desde la desintegración de la Unión Soviética se produce, además, en un momento en el que los esfuerzos de las principales naciones del mundo deberían encaminarse a hacer frente a crisis globales de envergadura –energética, alimentaria, financiera y económica- cuyas peores consecuencias recaen, como siempre, en los más pobres y desfavorecidos.
La decisión de Rusia es condenable por violar la Carta de Naciones Unidas, los “Acuerdos de Dagonis” -de julio de 1992, entre Rusia y Georgia que pusieron fin a la primera guerra entre Georgia y Osetia del Sur- y los términos del reciente “alto el fuego” acordado por Moscú y Tbilisi por iniciativa de la Presidencia francesa de la UE. Este acuerdo también es incumplido por Rusia al mantener un importante contingente militar en territorio georgiano, más allá de las fronteras de Osetia del Sur y Abjazia. Al tiempo, la población civil georgiana que permanece en Osetia del Sur está sufriendo graves ataques y violaciones de sus derechos, en lo que parece un intento de consumar una limpieza étnica, sin que las autoridades militares rusas les protejan.
Pero también hay que tener en cuenta otros hechos. En primer lugar, que el Gobierno nacionalista de Mijaíl Saakashvili, criticado por la oposición georgiana por autoritario y propiciador de fraudes electorales, facilitó –no se sabe todavía sí avalado por sus apoyos exteriores-, de un modo incomprensible, la excusa para la acción militar de Rusia, al atacar con su ejército Osetia del Sur, produciendo numerosas víctimas entre los civiles, las milicias osetias y las fuerzas rusas de interposición.
En segundo lugar, resulta de una extraordinaria hipocresía que quienes encabezan la denuncia de la conducta de Rusia, en nombre del derecho internacional y de la integridad territorial de las naciones sujetas a la Carta de las NN UU, sean los gobiernos de EE UU y el Reino Unido. No se puede olvidar que estos gobiernos fueron los principales responsables de la invasión de Irak, para lo que vulneraron dichas normas internacionales, desoyeron la opinión mayoritaria del Consejo de Seguridad de NN UU y prefabricaron pruebas falsas para fundamentar los falsos motivos que invocaron para justificar la invasión.
También es criticable la decisión de EE UU y muchos gobiernos europeos de propiciar la independencia de Kosovo, al margen de Naciones Unidas y en contra de lo establecido en su Carta fundacional y en los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de 1999. En este caso, se manifestó, de nuevo, la imposibilidad de que la Unión Europea adopte una posición propia en los conflictos internacionales, basada en el respeto al derecho internacional, si es distinta a la adoptada por el Gobierno de los EE UU. Quienes actuaron así dieron, además, muestras de una extraordinaria ceguera política, al pensar que la decisión tomada no iba a tener graves consecuencias en el ámbito de los países de la antigua Unión Soviética y de las relaciones de ésta con EE UU y Europa.
Ante los problemas graves que afectan al mundo, ante las crisis político-militares que se suceden en distintos lugares del mismo, no se puede seguir por más tiempo marginando al sistema de Naciones Unidas, al derecho internacional y a los derechos de todas sus poblaciones. No es sostenible, tampoco, utilizarlos oportunistamente, sólo cuando circunstancialmente conviene a alguna potencia y olvidarlos, el mismo sujeto, cuando no interesa.
En las actuales circunstancias el Gobierno español debería, a nuestro juicio, trabajar para establecer una posición común de la UE basada en las siguientes premisas:
El ámbito de resolución del conflicto son las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad
Debe constituirse una fuerza de paz, avalada por NNUU, y aceptada por las partes implicadas en el conflicto.
Prioridad absoluta al respeto de los derechos humanos de las poblaciones afectadas
El acuerdo político debe construirse a partir del cumplimiento de los acuerdos anteriormente suscritos y no de las decisiones unilaterales de ninguna de las partes
Una parte de estos principios deberían servir para encontrar una solución a la situación de Kosovo aceptada por el Consejo de Seguridad de NN UU.
CCOO
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