La Audiencia Nacional española pidió a la Iglesia Católica y ayuntamientos locales que reporten la cantidad de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas durante la Guerra Civil de ese país y durante el gobierno de facto del general Francisco Franco
03-09-2008 -
Esta es la mayor investigación lanzada por la justicia española con el fin de establecer el número de desaparecidos durante ese período.
Según informó el juez Baltasar Garzón, la información obtenida se utilizará para decidir "si es competente investigar estos hechos".
Medios españoles reportaron que, con esta iniciativa, Garzón quiere poner fin a una paradoja: que esté investigando desapariciones en América Latina ignorando al mismo tiempo la represión franquista.
Censo de desaparecidos
El juez informó a la Conferencia Episcopal que deberá permitir a la Policía Judicial acceder a todas las parroquias de España -un total de 22.827- y que entreguen los libros de difuntos para identificar a las víctimas desaparecidas.
Pero la petición también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid.
Estas localidades tienen que notificar el nombre de las personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936 "como consecuencia del 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen".
Según informó Danny Wood de la BBC, cerca de 30.000 cuerpos permanecen aún hoy sin identificar en fosas comunes de todo el país.
El censo de todos los desaparecidos permitirá determinar si la Audiencia Nacional puede abrir procedimientos criminales contra los autores.
Pacto de silencio
Durante la transición a la democracia durante la década de los '70, los partidos políticos españoles acordaron no realizar ningún recuento de los crímenes cometidos durante y después de la Guerra Civil.
El Partido Popular, del ala conservadora, se opuso repetidas veces a legislaciones que ayudaran a las familias a localizar cuerpos de familiares desaparecidos, muchos de los cuales murieron hace más de 70 años.
La primera exhumación de cadáveres en fosas comunes con víctimas del general Franco recién tuvo lugar hace diez años.
La petición de Garzón extendida a las alcaldías tiene un especial interés en cementerios como el de San José en la provincia de Granada, lugar donde según diversos testimonios, estaría enterrado el poeta Federico García Lorca.
No obstante, la familia de García Lorca ha rechazado reiteradamente la exhumación de sus restos.
En el lugar habrían sido enterradas también cientos de personas asesinadas por el régimen.
"Demasiado tarde"
Por otra parte, la justicia pidió a los familiares de desaparecidos que aporten todos los datos sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas para que sus actuaciones sean controladas por los juzgados.
También se les pidió que aporten todas las identificaciones de esas personas con paradero desconocido y las circunstancias de su desaparición.
Sin embargo, asociaciones de desaparecidos pidieron ir más allá de esta "buena iniciativa de Garzón".
José Antonio Moreno, del Foro por la Memoria expresó que la medida "llega tarde y es insuficiente".
Otros grupos han pedido que la investigación no debe centrarse sólo en buscar desaparecidos sino ir más allá e investigar los actos de represión cometidos durante el régimen.
"Y si alguno de sus responsables sigue vivo debería ser juzgado por los hechos", dijo José María Pedreño de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
Por su parte Ludivina García, de la Asociación de Descendientes del Exilio Español manifestó que "ya era hora de que los jueces que se han estado preocupando por los desaparecidos en Argentina y en otros países miraran a lo sucedido en España".
Además, añadieron que están investigando lo ocurrido con los
republicanos exiliados en Francia "que terminaron en campos de
concentración nazis con la connivencia del régimen franquista".
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