Retos y objetivos

Tony Ferrer analiza las expectativas de UGT ante el inicio de la concertación social y marca los retos y prioridades que deben informar su desarrollo

05-09-2008 - La Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social, firmada el pasado 29 de julio por el presidente del Gobierno, los secretarios de UGT y CC OO y los presidentes de CEOE y Cepyme, reconoce y valora de forma muy positiva los resultados conseguidos a través del diálogo social en la anterior legislatura, dada su contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la mejora de los derechos y prestaciones sociales.

En la declaración se analiza y comparte el diagnóstico sobre el contexto económico y el empleo, ciertamente complicado, sin obviar las dificultades y posibles efectos negativos sobre los trabajadores y el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta las fortalezas conseguidas en los últimos años y que deben contribuir a la superación de esta situación.

Es necesario desarrollar políticas públicas e iniciativas privadas para impulsar medidas que nos permitan salir fortalecidos de la crisis económica, sin que ello suponga una merma de las condiciones de vida y trabajo, reforzando el Estado de bienestar, progresando en la solidaridad, la igualdad y en la mejora de la cohesión social, potenciando un nuevo modelo productivo que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido, de forma que aumente la productividad de la economía, el empleo y la calidad del mismo.

Es preciso promover y apoyar las medidas de reactivación de la economía y creación de empleo, garantizando la cobertura social. No se contemplan nuevas reformas del mercado de trabajo ni de la Seguridad Social, ya que la prioridad ha de ser conseguir la eficacia y desarrollo completo de los acuerdos vigentes en materia de trabajo, Seguridad Social, igualdad, formación profesional, seguridad y salud en el trabajo, atención a la dependencia e inmigración.

Esas medidas afectan al conjunto del Ejecutivo y, en ese sentido, el Gobierno se ha comprometido a abrir un proceso de diálogo social reforzado que incluya las materias de política industrial, energética y medioambientales, I+D+i, educación, sanidad, infraestructuras y vivienda, entre otras. Por otra parte, se constata la imprescindible mejora de los servicios públicos, el refuerzo de la participación institucional y de las funciones de los interlocutores sociales en estas materias, estableciendo mecanismos para la consulta, la participación y/o la negociación.

En la declaración para el diálogo social de 2008 se reconoce la autonomía de los interlocutores sociales a la hora de abordar las materias que le son propias, como la negociación colectiva, y se valora positivamente los efectos sobre la economía y el empleo del modelo de determinación de los salarios pactado en los acuerdos interconfederales de negociación colectiva.

La modernización de los servicios públicos de empleo es una exigencia para poder cumplir más eficazmente con los servicios prestados a las empresas y a los trabajadores, con el objetivo de construir itinerarios personalizados y una mejor intermediación, junto a una mayor coordinación entre los servicios de empleo territoriales que garantice en todo el Estado la igualdad de oportunidades. Las políticas de empleo no sólo han de facilitar la incorporación al mercado laboral, sino también la consecución de competencias profesionales (que garanticen la empleabilidad de los trabajadores), con especial consideración a quienes presentan mayores dificultades, como son mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, mayores e inmigrantes.

En este entorno, el diálogo social debe contribuir al desarrollo de estrategias de formación permanente que permita el avance en la interconexión de los sistemas educativos y de formación, mejorando los niveles de cualificación. La formación profesional constituye un elemento fundamental, tanto para la empleabilidad como para el incremento de la productividad.

Como en la etapa anterior, el proceso de diálogo se desarrollará de forma coordinada a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de composición tripartita y que ha iniciado sus trabajos el día 3 de septiembre, abordando en primer lugar los criterios de funcionamiento, fijando planes de trabajo acordes con las materias previstas en la declaración, de acuerdo con los siguientes principios: ámbitos que provienen de los acuerdos vigentes desde 2004; medidas aprobadas por el Gobierno para activar la economía y el empleo en el corto plazo, y políticas previstas por el Gobierno para impulsar el cambio del modelo productivo.

Para UGT es fundamental que, junto a la renovación de las políticas activas y de los SPE, los Presupuestos Generales del Estado para 2009 prevean actuaciones a corto plazo que refuercen la actividad productiva, así como el impulso de medidas a medio y largo plazo destinadas a cambiar el modelo productivo, tales como inversiones en I+D+i, políticas industriales y energéticas, servicios públicos, en capital humano y que garanticen la cobertura social.

Toni Ferrer. Secretario confederal de Acción Sindical de UGT
Cinco Dias

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