El Congreso abre la puerta a una reforma en profundidad de las retribuciones
15-04-2009 - El Gobierno aceptó ayer iniciar una reforma en profundidad del sistema de pensiones de viudedad centrado especialmente en aquellas personas que nunca cotizaron por cuenta propia en la Seguridad Social y que perciben esta prestación sobre la base de la pensión de su cónyuges fallecidos. Este es el caso de muchas mujeres que alcanzaron la edad laboral en pleno franquismo y que no llegaron a incorporarse al mundo del trabajo.
El Gobierno se ha visto en parte forzado a asumir esta reforma después de que, hace dos meses, la Cámara aprobara una proposición de ley presentada por CiU en la que se proponía una revisión de las pensiones de este colectivo. Esta iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos incluido el socialista, que, de este modo, evitó perder la votación en el pleno. Esta iniciativa se debatía ahora en una ponencia de la comisión de Trabajo e Inmigración donde tampoco el PSOE contaba con aliados. En este contexto, ayer el PSOE anunció la voluntad de iniciar esta reforma. Fuentes socialistas aseguraron que la decisión "es firme" y que no se trata de una maniobra dilatoria.
De hecho el propio pacto de Toledo - la mesa de partidos y organizaciones sociales consagrada a todo lo que atañe a la Seguridad Social-ya concluyó la anterior legislatura reconociendo la necesidad de revisar el sistema de pensiones de viudedad.
Se estima que un 30% de sus beneficiarios, la inmensa mayoría mujeres, perciben ingresos que los sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, y pese a las recomendaciones del pacto, el Gobierno no había emprendido esta reforma limitándose a incrementar linealmente las pensiones, bien es cierto que, en los últimos años, por encima del índice de precios. Aun así, el 35% las pensionistas de viudedad ingresaban mensualmente, a 1 de enero del 2008, 450 euros, una cifra que en casi todas las comunidades autónomas las sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
La propuesta presentada por el diputado de CiU Carles Campuzano, que ha quedado ahora superada por la iniciativa gubernamental de reformar en profundidad todo el sistema, proponía aumentar la base reguladora de las pensiones del 52% actual hasta el 70% de modo universal y hasta el 90% en el caso de aquellas personas cuyos ingresos dependan exclusivamente de esta prestación y tengan además cargas familiares. De hecho, esta iniciativa no hace sino hacerse eco de la reivindicación de estos colectivos.
El Gobierno había rechazado esta propuesta de CiU sobre tres argumentos. En primer lugar, porque tal incremento de las pensiones podría reventar la caja de la Seguridad Social. El Ejecutivo estimaba que el coste de este aumento podría alcanzar los 5.000 millones de euros. En segundo lugar, el Gobierno consideraba que la ampliación genérica de la base reguladora como la que propone CiU en su iniciativa podría ser injusta toda vez que beneficiaría más a quienes ya perciben más cuando de lo que se trata es de incrementar las pensiones más bajas. Por último, el Gobierno consideraba que no es admisible que el perceptor de la pensión pueda llegar a cobrar más que su causante, es decir, la persona fallecida.
Estas cuentas quedan ahora en entredicho con el anuncio de una revisión de todo el sistema. Desde hace años, los colectivos de personas mayores han reclamado esta reforma particularmente para aquellos colectivos de mujeres, las "madres del baby boom" que no llegaron a incorporarse nunca al mundo laboral con plenos derechos.
JAUME V. AROCA
La Vanguardia
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