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Edición: 20 de marzo de 2010
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La Federación Agroalimentaria de CCOO contra las deslocalizaciones

CCOO reclama a los sindicatos europeos una propuesta de ley a nivel europeo para impedir que las empresas puedan efectuar deslocalizaciones fácilmente. Como ejemplo, más de 150 familias de la multinacional Cadbury se han quedado en la calle después del traslado a Polonia de la fábrica del Prat de Llobregat.

30-06-2009 - La multinacional Cadbury ha culminado el traslado de toda la producción de chicles de su fábrica del Prat de Llobregat a Polonia, dejando a más de 150 familias sin empleo. Estos movimientos de las producciones de un país a otro de empresas que tienen grandes beneficios, que dicen tener una política sobre responsabilidad social corporativa, son un tanto incomprensibles y absolutamente contradictorios.

Por otro lado, más allá de impresiones y temores fundados o no, está fuera de toda duda que la deslocalización internacional implica la desaparición de empleo y tejido productivo directo, pero también, empleo indirecto de las empresas proveedoras. Los recursos laborales liberados por las empresas en los procesos de reestructuración y reorganización productiva inducida por los procesos deslocalizadores, no encuentran un espacio para ser reocupados en otras actividades o sectores. La pérdida de empleo que provoca la deslocalización va acompañada de pérdidas de calificación laboral y, en el mejor de los casos, cuando los trabajadores afectados encuentran una nueva ocupación que comprende una disminución importante de sus rentas salariales.

Por todo ello, la Federación Agroalimentaria de CCOO considera que el debate que se está dando en la CES tiene que servir también para que los Sindicatos Europeos elaboren una propuesta para el desarrollo de una ley a nivel europeo que obligue a las empresas multinacionales a comprometerse con la responsabilidad social, que impida que puedan deslocalizar su actividad simplemente para conseguir beneficio fácil y rápido, extendiendo de esta forma la precariedad laboral. Los gobiernos centrales y locales no deben contribuir a que prácticas como las de Cadbury y otras empresas continúen con esas políticas de considerar el empleo como un negocio más, mientras tanto no se consiga esta nueva ley hay que regular las ayudas públicas a las empresas. Los ayuntamientos y los gobiernos deben exigir el retorno de las ayudas a las empresas que deslocalizan su empresa, no deben darse facilidades a las empresas para especular con los puestos de trabajo con el dinero de los contribuyentes, deben arbitrarse nuevas medidas para que el trabajo no sea una mercancía más.

CCOO


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