Justicia Universal necesaria

El pasado mes, con el voto de los dos partidos mayoritarios, quedó 'dinamitado' el principio de Justicia Universal. La aportación jurídica más importante que nuestro país ha realizado al derecho internacional penal. Pablo Surroca, miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia, lo comenta.

30-06-2009 - La reforma pactada por los grupos en el Congreso limita a la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo ocurridos fuera de nuestro país. En estos momentos la Audiencia Nacional tiene admitidas a trámite trece causas que van desde las torturas de Guantánamo, los crímenes de guerra en Gaza, el genocidio en Guatemala o la muerte de José Couso. “Resulta ciertamente preocupante -advierten desde Jueces para la Democracia- que nuestros responsables políticos hayan decidido plantearse la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los derechos humanos surja solamente ante los poderosos”.

-¿Consideran esta reforma un paso atrás en la defensa de los Derechos Humanos universales?

-Desde luego un paso adelante no es. Y además va en la línea marcada por otras reformas como la de la Ley de Extranjería o la Ley de Asilo. En estos momentos de crisis económica a nivel mundial la respuesta no debe ser recortar los derechos sociales y facilitar la impunidad de graves crímenes contra la humanidad.

-El Derecho Internacional impone a todos los Estados la obligación de perseguir crímenes contra la Humanidad se produzcan donde se produzcan. ¿Supone esto -como algunos defienden-, meterse en territorio de la justicia de otros países?

-Evidentemente el principio de jurisdicción universal parte de que determinados crímenes, los más abyectos y aberrantes, repugnan al conjunto de la humanidad y por ello pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo  dado que trascienden al territorio concreto donde tales delitos han sido cometidos. 

-España fue uno de los pioneros en aplicar este principio de justicia universal pero parece que cuando ésta recae sobre Israel, EEUU o China la cosa cambia. ¿Priman intereses políticos por encima de la justicia?

-Esa es desde luego una más que legítima impresión. Cuando se trataba de perseguir genocidios en países iberoamericanos no se planteaban tantos problemas, pero cuando nos “metemos en los asuntos” que afectan a grandes potencias parece que la cosa cambia.

-Algunos apoyan esta decisión basándose en el hecho de la saturación y sobrecarga de nuestro sistema judicial y de la escasez de medios con los que cuenta. ¿Cuál es su opinión?

-Esos argumentos pueden explicar la falta de interés en perseguir este tipo de delitos pero desde una perspectiva ética y legal jamás pueden servir para justificar la postura. Las razones prácticas o puramente economicistas no pueden dar cobertura a reformas que menoscaban conquistas en la defensa de los derechos humanos.

-Al final, el espíritu de la reforma parece que viene a decir que “la justicia española es para los españoles...” ¿Alguna reflexión desde Jueces para la Democracia?

-Llama la atención y resulta paradójico que en la era de la globalización cada vez se pongan más cortapisas a las actuaciones jurisdiccionales transfronterizas. Hay que terminar con los espacios de impunidad de los que se han beneficiado los grandes criminales. En tanto no esté desarrollada plenamente una Jurisdicción Internacional que pueda perseguir con plena eficacia delitos contra la humanidad en cualquier lugar del planeta, y los países directamente afectados no permitan la investigación de este tipo de delitos,  la actuación de los jueces nacionales de otros países es la única vía que queda abierta para conseguir justicia.

Fusion

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