Rechazo sindical a la propuesta de Cecale sobre la Renta de Ciudadanía se destinase a la contratación

El primero en pronunciarse fue secretario de Acción Sindical de CC.OO. Castilla y León, Vicente Andrés, que de entrada calificó al presidente de Cecale «un cachondo mental» por la propuesta lanzada, que «sabe que sería una medida ilegal».

08-02-2010 - No necesitó ni veinticuatro horas el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado, para conocer la opinión de CCOO y UGT sobre su solicitud del viernes para que el subsidio de 420 euros de la Renta Garantizada de la Ciudadanía se destinase a la contratación de trabajadores de larga duración por parte de las empresas: rechazo frontal a las pretensiones de la patronal, por, entre otras consideraciones, ser una medida «ilegal», una «ocurrencia» y un «despropósito».

El primero en pronunciarse fue secretario de Acción Sindical de CC.OO. Castilla y León, Vicente Andrés, que de entrada calificó al presidente de Cecale «un cachondo mental» por la propuesta lanzada, que «sabe que sería una medida ilegal». En la argumentación de este sindicato no es posible que con esas cantidades se contratase a trabajadores para una empresa, donde habría «dos tipos de empleados», los que «estarían bajo el ampara de su correspondiente convenio laboral» y otros «sin esa regulación».

Vicente Andrés apuntó que la ilegalidad estaría en la existencia dentro de una misma empresa de dos escalas salariales diferentes. El sindicalista de CC.OO. abundó en que la Renta Garantizada de la Ciudadanía es una ayuda directa a las personas y no a las empresas, que cuentan con otras líneas de ayudas, aunque llamó la atención sobre la pretensión empresarial que sea la Administración pública la que subvencione los salarios de sus empleados en un mercado de libre competencia.

«Desvestir un santo»

Con similares argumentos rechazó UGT la petición de Cecale. Su secretario regional, Agustín Prieto, indicó que que sólo serviría para «desvestir un santo para vestir otro» y preguntó al empresariado castellano y leonés que aclarase si con los 420 euros de la Renta de Ciudadanía pretende «dar empleo a las miles de personas que en estos momentos no tienen prestación de desempleo alguna en Castilla y León, fruto en parte del alto porcentaje de temporalidad laboral de la región», a la vez que la requirió a decir «dónde les emplearía».

ABC

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