Sindicatos de la ONCE instan al Parlamento a mostrar su desacuerdo con el deterioro de las condiciones laborales

En la comparecencia de esta mañana han presentado un manifiesto avalado con sus firmas que muestra la preocupación de la plantilla por el notable aumento de la precariedad laboral del personal discapacitado, la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la desigualdad, etc…

02-03-2010 -

Bilbao.- Las Secciones Sindicales de ELA, LAB y CCOO en la ONCE han comparecido esta mañana ante la Comisión Parlamentaria de Política Social, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco. Con el objetivo de mostrar la inquietud de trabajadores y trabajadoras, avalado por un manifiesto con sus firmas que recoge su malestar por las condiciones laborales en la ONCE, así como la preocupación por sus puestos de trabajo.

Han asegurado que la ONCE es una entidad de carácter público que recibe de las instancias del Estado importantes medios materiales y económicos; y que goza a su vez, de la concesión, comercialización y explotación de modalidades de juego en exclusiva, así como diversos beneficios, bonificaciones de Seguridad Social, subvenciones y exenciones en materia fiscal. Es por ello que han instado al Parlamento a mostrar su preocupación y desacuerdo con algunas insuficiencias en la actuación de la ONCE, que se concretan en un notable aumento de la precariedad laboral de las personas con discapacidad de ella dependientes y en un incremento de la desigualdad y equidad en el ejercicio de su función social, lo cual se contrapone con los valores inherentes necesarios para el desarrollo de tareas orientadas a la justicia social y del cumplimiento de su función institucional, asignada legalmente por la sociedad.

Los sindicatos han puesto de manifiesto:

La pérdida continuada de empleo, que en los últimos diez años alcanzan más de 3.000 trabajadores y trabajadoras en el conjunto de la ONCE

La imposibilidad de acceder o mantenerse en la venta de cupones, para personas con discapacidad visual, afiliadas a la ONCE, ya que estas personas al no poder realizar las prácticas comerciales que requieren gran movilidad, no logran alcanzar el volumen de venta requerido y como resultado pierden su empleo.

La actuación de la Dirección de la ONCE, ante la jubilación de varios miles de trabajadoras y trabajadores, de forma anticipada, conforme a las pautas que la legislación establece en esta materia para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, no ha sido la adecuada. A pesar de esta cuantiosa transferencia de costes a la Seguridad Social, la ONCE no ha hecho sino reducir plantilla y realizar contratos temporales, sólo parcialmente convertidos en definitivos, además de imponer a los nuevos contratos un 30% menos de salario, quedando éste reducido casi al Salario Mínimo Interprofesional.

El cierre progresivo de dependencias de la ONCE, con la consiguiente pérdida de atención y servicios sociales, así como de empleo, resulta contradictorio con su finalidad de prestar servicios de calidad para sus usuarios y beneficiarios, generados y coordinados con el resto de las administraciones.

La quiebra de igualdad de oportunidades en el orden laboral y en el de las prestaciones hacia su afiliación, genera básicamente dos consecuencias: los trabajadores y trabajadoras no se sienten libres, pues sólo se promociona y contrata a los afines al poder; ocurre igual respecto a los afiliados a la ONCE, que pueden ver negadas sus prestaciones por oponerse a decisiones de los directivos de turno.

Este cuadro de carencias indica, por una parte, el ejercicio de unos controles públicos insuficientes y poco efectivos sobre la gestión social de la ONCE. Este control resulta infructuoso. Las exigencias de los sindicatos a la ONCE deben pasar por:

La defensa del empleo existente.

La conversión en definitivos de los contratos temporales.

La recolocación de las y los despedidos y la contratación de todas aquellas personas discapacitadas que no encuentran alternativa laboral, según recogen sus estatutos.

La no aplicación de los nuevos contratos júnior que imposibilitan la independencia económica de las y los discapacitados, al tiempo que aplica diferentes tablas salariales por la realización del mismo trabajo.

Reforzar su actividad en el fomento de nuevos servicios y horizontes de socialización, que superen iniciativas segregadoras y carentes de futuro para las próximas generaciones de discapacitados y discapacitadas.

Mantener la protección de sus trabajadores y trabajadoras con discapacidad, mediante el parque de quioscos, que protegen la salud, la seguridad y la dignidad del propio trabajo.