La presencia empresarial, la responsabilidad social y la reforma del Estado

Durante los años 80 dos fenómenos sociales se apreciaban al mismo tiempo. Por un lado el retraimiento económico, jurídico y social de los Estados y por otro la potenciación económica y política de las Multinacionales

03-03-2010 - A fines de la década del 90 el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan realizó en Davos un llamamiento a las empresas -en ese momento ya transformadas en organizaciones Globales- para suscribir un Pacto Mundial con el objetivo de lograr la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la sociedad civil (ONGs y Sindicatos), así como con los proyectos de la ONU y las Organizaciones Internacionales. A partir de ese momento la Responsabilidad Social Empresaria adquiría la legitimación definitiva y despertaba el interés de los gobiernos, la academia y la sociedad civil en general.

Consumidores, empresarios y políticos: Uníos ante el mercado!

La reciente crisis económica iniciada en los Estado Unidos, desde el punto de vista político ha supuesto la deslegitimación de un modelo capitalista basado en la expansión descontrolada del mercado, en una desregulación financiera extrema y en el retroceso del Estado de la esfera económica. Este impacto ha generado la instalación de la idea de que éste último, sigue teniendo la responsabilidad de velar por el desarrollo productivo y social de los países con el agregado de que el mismo debe ser ahora sustentable. Tanto es así que a lo largo de todo el espectro político latinoamericano, desde Hugo Chávez hasta el propio Pedro Bordaberry, se proclama la frase que expresa la necesidad de “Tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible”. Máxima acuñada por el histórico líder socialdemócrata alemán Willy Brandt ya fallecido en 1992.

Los últimos veinte años han marcado una renovación y protagonismo tanto de las grandes empresas como de la aparición de nuevos líderes empresariales carismáticos (anualmente aparecen en las distintas listas de personas más influyentes en el mundo elaboradas por los grandes medios) en materia de desarrollo de la responsabilidad social.

En junio del 2009 en Ciudad del Cabo los líderes empresarios celebraron el primer año de la iniciativa “Llamamiento a la Acción Empresarial” que tiene como objetivos reconocer que el sector privado tiene una función vital en la transformación de los mayores desafíos en lo que va de este siglo, incluyendo la pobreza, el cambio climático, la inequidad social, el hambre y las enfermedades entre otros; en posibilidades de inclusión, especialmente en un clima económico de incertidumbre como el de hoy. Entre las empresas que sustentan distintos proyectos se encuentran Coca Cola, Diageo, Microsoft, Pepsico, Vodafone y Cysco.

En una temática como la Responsabilidad Social, en la que las acciones empresariales en beneficio de sus grupos de interés exceden sus obligaciones legales y que por lo tanto es reivindicada como autorregulada y voluntaria por las empresas; el Estado no puede quedar ajeno en su consideración. En primer lugar, las instituciones públicas no deben quedar al margen en la promoción y acción, y en segundo lugar deben poner en el debate público la posibilidad de legislar aspectos -que aunque parciales como en Francia, Inglaterra y España por ejemplo- comienzan a ser parte de la normativa jurídica en el mundo. Esto implica en definitiva, preguntarse sobre quién decidirá sobre el futuro para no comprometer las posibilidades de las próximas generaciones para satisfacer sus propias necesidades, tal como lo establece el Informe Brundtland para la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo asumido en la Declaración de Río de 1993.

Al mismo tiempo, un conjunto de organizaciones internacionales promueve indicadores de evaluación de todo tipo para la acción de los gobiernos nacionales, municipales, empresas y organizaciones de distinto nivel. En un breve repaso y para nada exhaustivo de siglas se destacan la OCDE, el GRI, BSR, ETHOS, UNIT, Great Place to Work, Great Place to Live, Global Integrity, ONUDD, que identifican organizaciones legitimadas por la opinión pública que miden y presentan públicamente sus resultados de manera de influenciar sobre la acción de los gobiernos y las empresas.

La Reforma del Estado con Responsabilidad Social: A la carga Reformers!

El desarrollo de la RSE -como disciplina aplicada- ha generado conceptos, metodologías y técnicas que pueden ayudar a resolver problemas de la gestión pública e incorporar políticas, ámbitos, instrumentos de gestión, desde una visión no contaminada por las tensiones implícitas en la estructura del Estado. Este nuevo paradigma, con un universo discursivo y simbólico diferente puede ayudar a encaminar la discusión de las distintas problemáticas, despejando prejuicios no relevantes.

Todas las voces críticas sobre la gestión del Estado apuntan a identificar una serie de fallas sobre las cuales hay un importante nivel de consenso incluyendo la visión de los distintos actores involucrados. Estos problemas están vinculados a la eficiencia, la eficacia, la modernización y digitalización, la descentralización, la carrera funcional, la transparencia, la relación con la ciudadanía y los proveedores, el tratamiento del medioambiente, la prevención de la corrupción, el seguimiento y rendición de cuentas a los ciudadanos entre otros.

El sector público en nuestro país ha venido desarrollando una novedosa tarea en materia de Responsabilidad Social en los últimos años, tanto a partir de la acción de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) como de la REP (Red de Empresas Públicas). Dicha tarea, al igual que la de DERES (organización de más de cien empresas privadas que trabajan en RSE, que incluye a ocho públicas de gran porte) fue recientemente reconocida por el BID al adjudicársele al Uruguay la realización de la VII Conferencia Interamericana sobre RSE en Diciembre pasado.
Es de acuerdo a estos antecedentes que se puede identificar tres ejes de trabajo, con sus correspondientes políticas y medidas en la dirección de la Reforma del Estado en el marco de la Responsabilidad Social:

1. Asociación entre Gobierno y Sociedad Civil (incluye academia, empresas, sindicatos y ongs):
La conformación de redes sectoriales a través de Mesas de Diálogo sectoriales sobre temas de Rse, las coordinaciones institucionales y la inversión social pueden ser parte de la acción promotora de los gobiernos. En ese sentido es posible profundizar experiencias como el Proyecto USI ( Uruguay Sociedad de la Información) que financia y apoya la instalación de centros de acceso a Internet con participación pública y del tercer sector (ONGs), los centros CAC ( Centros de Atención a la Ciudadanía )que mejoran la calidad de la atención a los ciudadanos a través de las coordinaciones públicas, los programas de voluntariado corporativo que apoyan el Plan Ceibal, el Programa Knock Out a las Drogas, el Programa con el Centro Nacional de Rehabilitación, las redes de equipos en Violencia Doméstica, Equidad de Género, etc. La inversión social debe tener una contrapartida en el diseño, participación y ejecución de proyectos sociales y promover su autosustentabilidad a mediano plazo.

2. Democratización de la Democracia:
Aspectos como la descentralización, la transparencia, la imparcialidad, los controles, auditorías y el ejercicio de la participación directa pueden lograrse con ámbitos institucionales como el existente Concejo Nacional de Economía, con la posibilidad de crear un Consejo para la Responsabilidad Social, con el establecimiento de las figuras del Defensor del Cliente en las empresas públicas y del Defensor del Pueblo para toda la ciudadanía, con la posibilidad de legislar la puesta en práctica del “Gobierno Corporativo”, con la presentación pública de Balances Sociales en nuestras ya mencionadas empresas y utilizando mecanismos de legislación participativos como el aplicado para la Ley de Educación, etc.

3. Liderazgo Responsable:
El sector público tiene un importante papel a jugar en la promoción, desarrollo y protagonismo de líderes socialmente responsables, lo que implica generar las condiciones tanto a nivel social como institucional en coordinación con las Universidades y las organizaciones de la sociedad civil. Es indudable que los dos ejes anteriores son condiciones para el surgimiento de éstos nuevos líderes, aunque no suficientes. Se requiere además de la legitimación que pueden dar los programas de formación para los funcionarios públicos, haciendo pesar en la carrera administrativa los curriculums con méritos que recojan trabajos, formación y participación en proyectos en responsabilidad social; así como la evaluación de aptitudes referidas a la integración de valores como la honestidad, proyección de futuro, transparencia, sentido de justicia, solidaridad, que desde una visión holística conformen la integridad del nuevo “servidor público”, cuya legitimación y prestigio es buscada por toda la sociedad.

En este momento de inflexión sobre la suerte de la Reforma del Estado, la visión de la Responsabilidad Social, instalada y promovida tanto desde del Poder Ejecutivo como de las Empresas Públicas y en permanente relacionamiento con la sociedad civil debe ser uno de los temas presentes en la agenda de los actores involucrados.

Por Hugo Bazzi. Sociólogo. Uruguay.

La Bitácora