Las autoridades europeas tendrán amplios poderes en crisis financieras

Tras muchos meses de forcejeos la UE ha alcanzado un trascendental principio de acuerdo para dar plenos poderes a tres nuevas autoridades europeas para supervisar todas las actividades de bancos, cajas, compañías de seguros y sociedades de bolsa que operan en Europa.

06-09-2010 -

Aunque la supervisión ordinaria seguirá en manos de las autoridades nacionales, si éstas no siguen determinadas recomendaciones o en situaciones de emergencia, las autoridades europeas podrán intervenir directamente los bancos o sociedades con dificultades. Otra innovación significativa es que las nuevas autoridades se regirán por una legislación común en toda la Unión en materia financiera.

El principio de acuerdo deberá ser ratificado el próximo martes por los ministros de Economía de los Veintisiete y aprobado definitivamente por el Parlamento Europeo entre el 20 y el 23 de septiembre. El objetivo es que el paquete de reformas entre en vigor el próximo 1 de enero. Con ello la Unión intenta alcanzar a Estados Unidos que aprobó su reforma financiera el pasado julio.

El acuerdo implica la creación de tres autoridades europeas para supervisar respectivamente las actividades de banca, seguros y bolsa y una cuarta autoridad, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, (CERS) para prevenir situaciones de peligro como la generación de burbujas inmobiliarias. En los primeros cinco años el CERS, estará presidido por Jean Claude Trichet, presidente del BCE.

El elevado coste de la crisis financiera, que ha exigido la movilización de recursos equivalentes al 13% del Producto Interior Bruto de Europa, determinó a la Comisión Europea a diseñar una estrategia para reformar a fondo la regulación y la supervisión financiera en Europa.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso nombró para ello a un equipo de expertos de alto nivel, dirigido por Jacques de la Lorosière, y en el que tuvo un papel destacado el ex directivo del Banco de España, José Pérez. El informe estuvo listo en pocos meses pero después los debates se eternizaron por las reticencias de algunos Estados, especialmente el Reino Unido, que fueron rebajando los objetivos iniciales.

Los eurodiputados, que perseguían recuperar la ambición fijada por el Grupo Larosière, han encontrado un gran aliado con Didier Reynders, viceprimer ministro y titular de Economía de Bélgica, que ocupa la presidencia de turno de la Unión, para alcanzar un acuerdo.

José Manuel García Margallo, eurodiputado por el PPE, vicepresidente de Asuntos Económicos y Monetarios y ponente del informe sobre la Autoridad de Banca, señala que "con este paquete de medidas hemos evitado que Europa caiga en la renacionalización de las políticas como vimos en los primeros días de la crisis, cuando Irlanda, Islandia o Alemania iban tomando medidas por su cuenta".

Margallo, que ha tenido un papel muy activo en las negociaciones con el Consejo y la Comisión, subraya que "el paquete legislativo aprobado permitirá que el hombre de la calle no vuelva a pagar por la irracional exuberancia de las entidades financieras". Por su parte el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, manifestó su convicción de que "las cuatro nuevas autoridades harán a Europa más segura y atractiva para los inversores".

Las principales implicaciones de la reforma son las siguientes:

- Normas comunes. La reforma prevé desarrollar normas básicas en todos los países. Esto alcanza también a las normas de desarrollo. Los criterios sobre el capital, las infracciones y las sanciones serán iguales para todos los países por lo que habrá que armonizar las normas existentes.

- Autoridades fuertes. Las nuevas autoridades europeas podrán intervenir directamente un banco, aseguradora o sociedad de bolsa, si el supervisor nacional no sigue sus recomendaciones o en casos de emergencia. También decidirá cuando no haya acuerdo entre los supervisores nacionales en los casos de entidades supranacionales.

- Prohibición de productos peligrosos. Las nuevas agencias podrán prohibir los productos o actividades que consideren arriesgadas como las ventas al descubierto o algunos seguros como ciertos CDS (Credit Default Swaps).

- Defensa del Consumidor. El Parlamento ha introducido una serie de medidas para proteger a los consumidores especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

- Fondos de garantía y resolución. A nivel nacional pero con normas iguales para todos se establecerá una tasa sobre el pasivo para constituir un fondo para asegurar el dinero de los depositantes. Otra tasa sobre los activos permitirá constituir un fondo de resolución para ayudar a la recuperación o liquidación de las entidades en crisis.

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