Enésima rectificación, ahora los ayuntamientos

El presidente Zapatero aseguró ayer, en su primera sesión de control tras el paréntesis veraniego, que el Gobierno no rectificará la congelación de las pensiones en 2011, porque debe “mantener la coherencia”. Menuda ironía en quien ha hecho de la improvisación, la rectificación y el bandazo un estilo de gobernar. Mientras que Zapatero apelaba a la “coherencia” en el Congreso, la vicepresidenta Salgado, rectificación tras rectificación, se desdice ahora de la prohibición de que los ayuntamientos puedan asumir nueva deuda en 2011 y permitirá que los consistorios en mejor situación financiera puedan pedir créditos el próximo año.

09-09-2010 -

Es la segunda vez que el Gobierno se corrige a sí mismo en esta materia. El BOE publicó el pasado mayo la prohibición de que los ayuntamientos pudieran comprometer nueva deuda desde este mismo año, y sólo un día después la vicepresidenta Salgado tuvo la desfachatez de inventarse una errata en el BOE para justificar el cambio de criterio y retrasar la entrada en vigor del veto al endeudamiento al 1 de enero de 2011.

El propio Zapatero y Chaves dejaron en evidencia a la vicepresidente al admitir que se trataba de un rectificación política en toda regla, a raíz de la presión de los alcaldes en cuanto tuvieron constancia de una medida que suponía la parálisis de la actividad municipal en la mayoría de los consistorios.

Se trata de una muestra más de la improvisación con la que el Gobierno toma decisiones, a menudo a remolque de las circunstancias. La medida fue aprobada a la ligera sin calibrar, además, la injusticia del café para todos en la prohibición de endeudarse, pues no merece lo mismo ser atado en corto el ayuntamiento de Madrid, endeudado hasta las cejas, que cualquier otro municipio con unas cuentas razonablemente saneadas y con margen para aumentar su endeudamiento. Este desatino es el que ahora para enmendar el Gobierno.

Curiosamente, con los nuevos criterios, ayuntamientos gobernados por el PP como Madrid y Valencia tendrían vetado endeudarse en 2011, mientras que importantes feudos socialistas como Barcelona o Sevilla sí podrían. La medida parece razonable, pero el Gobierno debería estar atento para evitar que se produzcan peligrosos excesos en un año electoral y que la deuda municipal, que alcanza los 35.000 millones de euros, se desmadre.

No les falta razón a los alcaldes cuando insisten en reclamar el compromiso olvidado de Zapatero de establecer un marco de financiación local adecuado, que de momento ni está ni se le espera. Pero deben asumir cuanto antes que su penuria financiera, que les habría llevado ya a quebrar si fueran empresas, es fruto de que durante los años de bonanza vivieron por encima de sus posibilidades, asumiendo inversiones perfectamente prescindibles, disparando el gasto corriente y engordando plantillas sin control.

La capacidad de endeudamiento no se puede estirar como un chicle; por eso, lo que toca ahora, de manera ineludible, es redimensionar las estructuras municipales para hacerlas compatibles con la nueva realidad.

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