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Derechos ciudadanos frente al Fisco
El Tribunal Superior de Valencia ha emitido una sentencia de gran valor para el contribuyente y sus relaciones con el Fisco. Justo en el arranque de la campaña de la renta, a los contribuyentes les agradará saber que Hacienda ya no podrá emitir las temidas declaraciones paralelas con la mera justificación de que el afectado “no ha declarado correctamente los conceptos e importes que se destacan con un asterisco en el margen de la liquidación”.
A partir de ahora no vale cualquier revisión. El Tribunal censura la ligereza de la inspección en las liquidaciones paralelas, y exige que para que éstas sean válidas debe quedar perfectamente explicado en qué ha consistido el error cometido, “las vulneraciones normativas que se han producido, con la adecuada puntualización de su conformación técnico jurídica, porque de lo contrario se coloca al contribuyente en una situación de indefensión al no conocer los motivos reales de la liquidación”.
Sobre esta espinosa cuestión ya ha habido pronunciamientos judiciales relevantes. El Constitucional estableció en su día que “la motivación no es sólo un acto de cortesía”, y el Supremo precisó que “la falta de motivación o la motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad”.
La sentencia reviste una particular trascendencia para proteger el derecho de los ciudadanos, en tanto que pone especial énfasis en que estos deben conocer “de forma clara, sencilla, precisa e inteligible, sin necesidad de conocimientos específicos”, las razones que han dado lugar a la liquidación paralela. De hecho, las deficiencias en las actas fiscales se traducen en que en aquellas que son recurridas la justicia acaba dando la razón al contribuyente en más del 60% de los casos.
La sentencia debe valorarse, pues, muy favorablemente, en coherencia con el espíritu de la Constitución española, que en su artículo 103 contempla que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”, es decir que está para servir al ciudadano y no al revés. Cuando se invierte esta ecuación, y se subordina el derecho de los ciudadanos al de la Administración, se alienta una inseguridad jurídica que altera la lógica del sistema democrático.
La confianza en el Fisco es clave para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y combatir el fraude, y cuando ésta se quiebra después es difícil de recuperar. Y eso exige perfeccionar los métodos para estimular la productividad de los inspectores, de forma que el fraude denunciado se aproxime cada vez más al efectivamente detectado, esto es, el que realmente se acaba cobrando una vez que la Administración supera los distintos recursos.
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