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El Estado hace negocio con la inmigración y las autonomías asumen los gastos
Los inmigrantes aportan un excedente a las arcas cercano a los 5.000 millones, la cuarta parte del superávit de 2007.En el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid, uno de cada tres vecinos
es inmigrante. Su presencia queda patente en los numerosos comercios de
alimentación y productos autóctonos que han sustituido a las antiguas
tiendas de ultramarinos; en los locutorios y establecimientos de envíos
de paquetes y remesas, que se abren unos junto a otros en las mismas
calles; pero también en los colegios y en los ambulatorios de la
Seguridad Social.
Estos inmigrantes, que alquilan y compran las
casas bajas del barrio y las viviendas antiguas, la mayoría sin
ascensor, conviven a poca distancia con la frenética actividad
comercial y de las oficinas de la zona de Azca-Orense, en la que se
sitúa la Torre Picasso, uno de los edificios más altos de Madrid.
De
los casi 30.000 vecinos del barrio, 13.000 son extranjeros, con una
importante presencia de ecuatorianos, marroquíes y bolivianos, pero
también dominicanos y, ahora, paraguayos.
El único colegio
público del barrio es el Jaime Vera, aunque hay otros dos concertados.
Este centro está situado en la calle Bravo Murillo, una larga vía que
hace de frontera entre las dos zonas del barrio y que discurre paralela
al Paseo de la Castellana y en él, ocho de cada diez alumnos
matriculados, de un total de 600, son extranjeros.
Sus padres
pagan sólo un euro anual por el seguro médico obligatorio de sus hijos,
puesto que la mayoría recibe becas para la compra de los libros de
texto. Mientras, la Comunidad de Madrid, que asumió la competencia hace
casi 10años, se hace cargo del sueldo de los profesores y del
mantenimiento del centro.
Lo mismo sucede con la Sanidad, un
traspaso que se hizo efectivo en 2002. En las consultas de los
ambulatorios los protagonistas son los inmigrantes. Algunos han visto
en las prestaciones sanitarias gratuitas una opción de la que no han
podido disfrutar en su país. Otros, sin embargo, no acuden al médico,
pese a que lo puedan necesitar, por no perder horas de trabajo y poner
en riesgo su empleo.
Esta realidad social ha tenido un fiel
reflejo en la actividad económica. De hecho, los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) evidencia cómo prácticamente la mitad de los
puestos de trabajo generados desde 2001 han sido ocupados por
inmigrantes. Inmigrantes que alquilan viviendas, consumen, cotizan a la
Seguridad Social y, en definitiva, explican el 50% del crecimiento del
PIB de los últimos años. Pero si hubiese que buscar el mayor
beneficiario de la inmigración en España, éste sería el Estado, ya que
aportan al conjunto de los ingresos públicos 23.402 millones de euros,
el 6,6% de la recaudación total, vía IRPF, cotizaciones, IVA e
Impuestos Especiales, en su mayor parte en manos del Estado.
Contribuyentes netos
Por
el contrario, reciben prestaciones por valor de 18.618 millones de
euros, apenas el 5,4% del total, la mayor parte de las mismas abonadas
por comunidades y ayuntamientos. De hecho, las pensiones abonadas por
la Seguridad Social alcanzan 399 millones de euros y las prestaciones
por desempleo, 575 millones de euros, siendo el resto abonado por las
arcas autonómicas o municipales en forma de gasto sanitario, educación,
políticas activas de inserción o políticas de integración de
inmigrantes de muchos ayuntamientos.
De estas cifras puede
extraerse que los inmigrantes son contribuyentes netos por un valor de
4.784 millones de euros al conjunto de las arcas públicas, lo que en
términos homogéneos explicaría prácticamente la mitad del superávit
público de 2005 (1,1% del PIB) o prácticamente la cuarta parte del
excedente registrado en 2007 (el 2,23% del PIB).
La Gaceta
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