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El nuevo Gobierno ante el reto de la competitividad exterior
De entre todos los desafíos planteados al nuevo Gobierno, el más importante y el que requiere tomar medidas más urgentes es el necesario aumento de la competitividad de las empresas españolas En un escenario económico internacional marcado por las turbulencias en los mercados financieros y los máximos históricos del precio del petróleo y teniendo en cuenta la desaceleración de la economía española, y las serias dificultades por las que atraviesa el sector inmobiliario, muchos son los retos que debe afrontar el Gobierno en materia de política económica.
De entre todos los desafíos planteados al nuevo Gobierno, el más importante y el que requiere tomar medidas más urgentes es el necesario aumento de la competitividad de las empresas españolas, y más concretamente en lo que respecta a su competitividad exterior. Desde el año 2000, y a pesar de las cifras positivas de crecimiento económico, la economía española acumula un descenso de la competitividad de un 7,8%. Para remontar esta caída se requieren actuaciones decididas para dinamizar la actividad exterior de las empresas, en las que estén involucradas la Administración central del Estado y las comunidades autónomas, para aunar esfuerzos y maximizar la efectividad de los recursos invertidos.
En primer lugar, el nuevo Gobierno deberá impulsar la inversión en nuevas tecnologías y en I+D+i. Más de la mitad de los productos que exporta España tienen un bajo o muy bajo contenido tecnológico, y nuestro país ocupa una de las últimas posiciones dentro de la lista de países europeos en gasto destinado a investigación, desarrollo e innovación.
En 2006 se invirtió un 1,16% por este concepto, menos de la mitad de lo que dedica Alemania (2,51%) y por debajo del 1,84% de media europea. La solución a esta grave situación pasa por incrementar la inversión en I+D+i, y el trabajo conjunto entre universidades, centros de formación, centros de investigación y empresas, para contribuir al progreso mediante la innovación y mejora continua de sus productos y servicios, y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los estudiantes mejor preparados.
Líneas de actuación
El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 actualmente en vigor es una positiva iniciativa gubernamental, con líneas de actuación acertadas (como las relativas al campo del desarrollo e investigación en energías renovables) pero cuyos frutos no podremos evaluar hasta dentro de unos años.
La cooperación con Alemania en el campo de las energías renovables, sin embargo, ya puede mostrar resultados visibles, gracias a la transferencia tecnológica proveniente del país germano, que ha hecho posible la construcción de grandes instalaciones termosolares como la de Andasol 1 en Aldeire (Granada), la mayor del mundo, o la fotovoltaica de Las Magasconas en Trujillo (Badajoz).
Es prioritario aprovechar la ocasión para tomar medidas estructurales de calado, como es el caso del necesario avance en la liberalización energética, que aún no ha tenido efectos significativos para los consumidores. En esta materia, y teniendo en cuenta los actuales precios del crudo, así como los elevados costes de las energías renovables, es también capital para nuestro país dar luz verde a la energía nuclear.
La creación de empleo estable, flexible y de calidad es otro factor fundamental para la competitividad de nuestro país y de las empresas, que pasa por la necesaria reforma de nuestra antigua legislación laboral, para hacerla acorde con la realidad actual del mercado español. La inversión en formación de calidad es otro aspecto de primer orden para la mejora de la productividad y competitividad exterior, no sólo la formación de los jóvenes futuros profesionales, sino también la formación continua a la que se deben comprometer por igual empresarios y trabajadores.
Tanto los estudios universitarios como los de Formación Profesional deben contar con planes de estudios actualizados, mayor porcentaje de prácticas, de idiomas y de experiencias internacionales, y responder a las demandas del mercado laboral. Al igual que en Alemania, donde en 2006 quedaron sin cubrir 73.000 puestos de trabajo para científicos e ingenieros, en España existe una fuerte demanda de personal técnico sin satisfacer, especialmente en el ámbito de la ingeniería industrial y de la microelectrónica, que seguramente irá creciendo en los próximos años. Nuestro país no se puede permitir más esta situación si queremos tener un futuro brillante.
La mejora de la productividad requiere también inversión estatal en infraestructuras que faciliten la movilidad de personas y mercancías. En este sentido, sería deseable que a corto plazo el AVE tuviera conexiones internacionales, que los aeropuertos españoles pudieran estar conectados con más destinos en el exterior, contar con más plataformas logísticas y que las mercancías pudieran ser transportadas de forma cada vez más ventajosa por ferrocarril. En los últimos años ha crecido la red de infraestructuras del Estado, pero aún quedan zonas con graves carencias y un retraso ostensible, por lo que el Ejecutivo debería agilizar los proyectos ya en marcha y sacar a licitación los nuevos proyectos cuanto antes.
Necesitamos también una reforma en profundidad de la función pública que la haga más eficiente y competitiva. No puede posponerse más la modernización de nuestra justicia y su verdadera independencia del poder político.
Ante la situación económica actual de España, es prioritaria también la reducción del gasto público de la Administración central y las autonómicas. La reducción de la burocracia es otra de las demandas de los empresarios al nuevo Gobierno que permitiría la reducción sustancial de recursos y aumentaría la competitividad de la economía española.
En su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno anunció una reducción en un 30% de las cargas administrativas que soportan las empresas, pero se debe poner el acento en eliminar, no sólo éstas, sino todas las barreras burocráticas y las regulaciones que obstaculizan las decisiones de inversión y no crean valor. Se deben facilitar todas las gestiones a las empresas mediante la creación de una “ventanilla única”. La tramitación de subvenciones y ayudas absorben un tiempo y unos recursos que son más productivos en otras áreas de las empresas. Medidas en este sentido han dado ya buenos resultados en Alemania, donde recientemente se ha planteado una nueva fase del desmantelamiento de las trabas burocráticas.
Hemos de avanzar sin complejos en dar más libertad comercial, que redundará a la larga en una bajada de precios y mejora del servicio a los ciudadanos.
Medidas fiscales
La mejora de la competitividad exterior exige también medidas de tipo fiscal. La bajada del impuesto de sociedades, como se ha demostrado en el caso de Alemania, favorece la actividad empresarial desde el momento en que permite destinar fondos a la inversión productiva y tecnológica. En su programa electoral, el PSOE se comprometía a avanzar en la reducción ya iniciada en la pasada legislatura (del 35% al 30% correspondiente al tramo general, y del 30% al 25% para las pymes) y situar este impuesto al nivel de otros países europeos.
La reducción del impuesto de sociedades deberá también compensar la progresiva pérdida de los incentivos fiscales a las exportaciones y a las inversiones en el exterior, siguiendo las exigencias comunitarias. En cuanto al IRPF, sería mucho más efectiva una rebaja real de la cuota para favorecer a las rentas más bajas, en lugar de acciones puntuales como se van a realizar próximamente (400 euros).
La eficacia con la que el nuevo equipo de Gobierno pueda aumentar la competitividad de las empresas españolas no nos es aún conocida. En los primeros 100 días podremos ver cuáles son las líneas maestras de su política económica y si toma alguna de estas medidas con carácter urgente, porque la competencia es cada vez más activa y nuestro país tiene que avanzar rápido, en beneficio de todos nuestros conciudadanos, para estar entre los mejores.
Francisco Belil
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