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El Supremo deja los datos de redes P2P sin la protección del secreto de las comunicaciones
Tampoco considera en la sentencia que estén protegidos por el derecho a la intimidad. La resolución avala los rastreos de la policía en estas redes sin autorización previa.El Tribunal Supremo (TS) ha establecido en una sentencia que los datos que circulan a través del programa 'eMule' se convierten en públicos para los usuarios de Internet y no están protegidos por el derecho a la intimidad ni el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que la Policía puede acceder a ellos sin autorización judicial previa.
De este modo, la sentencia avala los rastreos informáticosdel equipo de Delitos Telemáticos de la Policía Judicial de la Guardia
Civil en Internet y anula una de la Audiencia de Tarragona que absolvió
de un delito de facilitación de la difusión de material de pornografía
infantil a una mujer usuaria de 'eMule' de Pineda (Tarragona).
"Quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso eMule, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet,
circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales
datos conocidos por la Policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18-1º ni por el 18-3 de la Constitución", concluye.
El Supremo considera que esos rastreos "tienen por objeto
desenmascarar la identidad críptica" de aquellos que accedan a los
archivos que contienen pornografía infantil y que "el acceso a dicha
información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla
cualquier usuario" por lo que "no se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma".
"Por todo ello, debe quedar patente que al verificar los rastreos la policía judicial estaba cumpliendo con su función de perseguir delitosy detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos y
regulares los rastreos efectuados", sentencia el alto tribunal.
¿Equivocación o pederastia?
La implicada en el caso al que se refiere la sentencia realizó
búsquedas de archivos a través de palabras clave como 'bebés', 'mamás',
'papás', 'niñas' o 'mamás con bebés', "sin que quede acreditado que pretendiera obtener a través de dichas búsquedas archivos que contuvieran pornografía infantil". Algunos de ellos resultaron contener pornografía infantil que la usuaria eliminó, si bien fueron detectados por la policía.
La resolución de la sala de lo penal del TS estima el recurso del
fiscal contra la referida sentencia, que absolvió a María del Carmen G.
tras declarar nula la prueba en que se sustentaba la acusación por estimar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones.
Así, el Alto Tribunal ordena a la Audiencia de Tarragona que dicte otra
sentencia, condenando o absolviendo a la acusada, en la que se tenga en consideración como pruebas legítimas las que declaró nulas.
La Guardia Civil en octubre de 2005 aprovechó la celebración en
Sevilla del IV Foro Iberoamericano de Ciberpolicias para iniciar
búsquedas en Internet rastreando las redes de intercambio de archivos para averiguar aquellos usuarios que descargasen o compartiesen archivos con pornografía infantil.
En base a dichos rastreos realizados sin autorización judicial obtuvieron un listado de claves de accesoque los proveedores de servicios de Internet asignan a cada ordenador
en el momento en el que se conecta a Internet que permiten identificar el número telefónico desde el que se produce la conexión.
Dicho listado fue presentado en un juzgado de Sevilla al que
reclamaron una orden para que los proveedores de servicios de internet
identificasen al titular de las referidas claves. Así, se acordó la entrada y registro en el domicilio de María del Carmen G. y se le intervino su ordenador,
si bien ya había eliminado los archivos delictivos de su ordenador,
porque quizá nunca fue su intención descargar pornografía infantil.
EFE
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