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Bruselas quiere reforzar la Europa social tras el 'no' irlandés a Lisboa
La Comisión Europea presenta un conjunto de iniciativas sociales para promover el bienestar de los ciudadanos.Acusada a menudo de ignorar los problemas sociales que preocupan a los ciudadanos, la Comisión Europea presenta hoy varias propuestas para probar lo contrario.
El paquete de medidas de Bruselas llega en un momento clave: justo después del no irlandés al Tratado de Lisboa, en pleno arranque de la presidencia semestral francesa de la Unión Europea y a un año de las elecciones europeas.
“Tras el no irlandés, Europa debe ser más concreta, protectora, cercana. ¿Hay un mejor aspecto que el social para avanzar?”, indicó el ministro de Trabajo francés, Xavier Bertrand, pese a que la Europa social no era una de las grandes prioridades de la presidencia francesa, iniciada ayer mismo.
Sin embargo, Francia tendrá que encargarse de impulsar el debate sobre los tres nuevos proyectos de ley que hoy presenta el Ejecutivo europeo: la propuesta legislativa para facilitar a los ciudadanos la posibilidad de recibir tratamiento médico en otro país, la normativa para combatir la discriminación laboral o la propuesta para lograr un mejor funcionamiento de los comités de empresa en las sociedades de dimensión comunitaria.
Circulación de pacientes
Dentro de este paquete social destaca la propuesta —aplazada en varias ocasiones en los últimos meses— que pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir asistencia sanitaria en otro país, superando los actuales obstáculos y facilitando la búsqueda de tratamiento médico.
El objetivo es permitir la libre circulación de pacientes en la UE y establecer sistemas de reembolso de costes, un tema que preocupa a países como España, que reciben un gran número de turistas de la UE y deben asumir los costes de su atención médica.
Las iniciativas de Bruselas para "promover el bienestar de los ciudadanos" no acaban con estos tres proyectos de ley. La Comisión también presentará hoy una serie de informes relacionados con el Fondo europeo de ajuste a la globalización, las reestructuraciones, la mejora de la eficiencia sobre el gasto social o la integración de los gitanos.
Tradicionalmente, el debate social en la UE se ha caracterizado por su intensidad. Las negociaciones suelen ser largas y los Veintisiete se ponen de acuerdo a duras penas sobre las normas sociales comunes, aunque sean mínimas, debido a que desean conservar sus prerrogativas sobre este aspecto, principalmente el Reino Unido.
De hecho, actualmente sigue bloqueado un proyecto de ley para garantizar a los trabajadores que no perderán su derecho a una jubilación complementaria si cambian de empresa. Y, aunque los 27 acaban de llegar a un difícil compromiso para permitir a los trabajadores alargar la semana de 48 horas hasta un límite de 60-65 horas, este acuerdo, considerado un “progreso” para Francia, no ha convencido a muchos eurodiputados, deseosos de barrer el texto del Parlamento.
Mientras tanto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) no cesa de reclamar “una verdadera dimensión social” para Europa y advierte de que “los ciudadanos europeos tienen la imagen de una Europa en la que se atacan los derechos de los trabajadores” y que está “subordinada” a los mercados. “Esta percepción es, sin duda, una de las principales razones del no irlandés”, añade.
I. Rodríguez
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