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Contra el trabajo forzoso
Más de 1.3 millones de personas en América Latina y el Caribe son víctimas del trabajo forzoso, lo que la convierte en la segunda región del mundo después de Asia afectada por este flagelo, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Se calcula que unas 12.5 millones de personas en el mundo se encuentran en esta situación.
El trabajo forzoso es definido por la OIT como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”, lo que tiene que ver con aspectos como la servidumbre o la esclavitud, y la trata.
Entre los sectores más afectados están los niños y los pueblos indígenas. Entre 40% y 50% de las víctimas de trabajo forzoso tienen menos de 18 años, y todavía hay poblaciones indígenas enteras sometidas a un sistema de servidumbre, que consiste en que enganchadores que proporcionan mano de obra para actividades extractivas, agrícolas, mineras o forestales adelantan a los trabajadores una parte de los salarios que deben recibir, dejándolos atrapados con una deuda impagable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en visita realizada a Bolivia del 9 al 13 de junio, constató “la continuidad de la problemática de la servidumbre por deuda y trabajo forzoso en el Chaco boliviano [fronterizo con Paraguay], así como el agravamiento de la situación del pueblo guaraní en esta región desde la última visita de la CIDH en noviembre del 2006”.
La delegación observó que “la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia”.
Según el informe de la CIDH, estas familias “viven en la extrema pobreza y son sometidas a castigos como ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales”. Adicionalmente la delegación verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.
“Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la Fiscalía. Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos”, dice el informe. Además de la servidumbre —práctica que persiste en la mayoría de países de la cuenca amazónica—, otras formas de trabajo forzoso incluyen la esclavitud y la trata de personas.
Una reciente investigación del periodista estadunidense E. Benjamin Skinner reveló que hoy en día se puede conseguir en Haití un esclavo por US$50. En el libro titulado A Crime so Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery, Skinner sostiene que hay unos 300,000 niños haitianos que viven en la esclavitud en su propio país.
Ganancias multimillonarias
Roger Plant, jefe del Programa Especial de Combate al Trabajo Forzoso de la OIT, explicó que las ganancias generadas por esta actividad ilegal alcanzan unos US$32 millardos anuales.
“Es una plaga mundial que afecta tanto a países en vías de desarrollo como industrializados. Pero pensamos sinceramente que con la voluntad política, con la asignación de los debidos recursos podremos erradicar esta plaga antes del 2015”, afirmó Plant. Para lograr esta ambiciosa meta, Plant indicó que en el 2005 la OIT lanzó la Alianza Global contra el Trabajo Forzoso con el objetivo de incorporar a sectores involucrados con esta problemática.
“Sabemos que la meta es ambiciosa, pero también necesaria. Es un desafío grande, pero no imposible”, dijo Plant. “Lo que nos preocupa son las nuevas formas en el mundo moderno ligadas con sistemas de contratación, quizás a nivel nacional, pero más que nada a nivel internacional. Hay que ir a las raíces de la pobreza, hay que buscar alternativas, mejorar sistemas de contratación, de reclutamiento, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra estrategia es formar alianzas, con los empresarios, con los trabajadores, con los académicos, con los jueces”.
Plant rescató el caso de Brasil, como “uno de los países que han tomado iniciativas extraordinarias en los últimos años. Aunque es imposible tener cifras exactas, [las autoridades brasileñas] reconocen un mínimo de 25,000 personas en lo que ellos llaman situación de trabajo esclavo. Es un problema extendido, particularmente en zonas remotas de la Amazonia”.
“Hay un grupo móvil especial contra el trabajo forzoso, es único en América Latina, único en el mundo, al juntar inspectores de trabajo con la Policía Federal. Han podido liberar casi 5,000 personas el año pasado”, afirmó.
Reclutamiento internacional
José Luis Daza, director de la Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos, precisó que entre las formas más modernas de trabajo forzoso está el reclutamiento internacional, por el cual un trabajador firma un contrato en su país, pero al llegar a su destino el trabajo es completamente diferente, y se da cuenta de que ha sido engañado. Esta es una nueva forma de servidumbre, a través de agencias privadas de contratación, que pueden ser semilegales o totalmente ilegales.
“Un principio general es que todos los gastos de reclutamiento deben ser cubiertos por los empleadores y no por los trabajadores”, acotó Plant. “Si un trabajador debe pagar $10,000, $20,000 por un trabajo en un país rico, hay riesgo enorme de que esté cayendo en situación de servidumbre”.
Daza advirtió la necesidad de tomar en cuenta que “una de las características del trabajo forzoso es que [el trabajador] entra en un sistema de presión o amenaza de sufrir un daño o una pena. Esto es muy importante porque a veces la pena no es infligida directamente sobre el trabajador sino posiblemente sobre su familia”.
“Se conocen casos a través de investigaciones judiciales o policiales donde una persona permanece varios años en otro país y resulta que permanece en esa situación porque familiares directos, que pueden ser sus padres, cónyuges o sus hijos, están sometidos a la amenaza incluso de muerte si presentan denuncias o algún tipo de reclamación o si [el trabajador] intenta retornar al país”, agregó. “Si a eso le añadimos la retención de documentación o incluso intentar caducar la validez de los pasaportes, entonces los métodos son cada vez más sofisticados y cuando se traspasa una frontera es mucho más difícil de atajar el problema”.
Para combatir el trabajo forzoso, Plant señaló la importancia de poner en práctica políticas adecuadas que incluyan prevención, protección y enjuiciamiento de los responsables, lo cual es un desafío enorme porque “no suele haber estadísticas sobre cuán difundida está esta práctica y la sociedad en general tampoco es verdaderamente consciente de que constituye un problema en sus propios países”.
Cecilia Remón
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