Federación de Servicios Financieros y Administrativos

El reconocimiento de derechos, una tarea pendiente

El reconocimiento de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del sexo sigue siendo una tarea pendiente y más necesaria que nunca.

Algunos rasgos negativos que empezaban a despuntar
hace unos años se han exacerbado considerablemente y ha empeorado la
situación de las prostitutas, sobre todo de las más vulnerables, las
que captan a su clientela en las calles, parques, polígonos
industriales o carreteras nacionales.

El
Plan contra la Esclavitud Sexual, puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Madrid en marzo de 2004 y avalado por la señora Ana Botella, ha sido
devastador para quienes contactan con sus clientes en las calles y
parques. Este tipo de planes, a pesar de su demostrada inutilidad, no
sólo no han cesado sino que han servido para que otras corporaciones
municipales emprendan el mismo camino.

El acoso policial a las mujeres es permanente y va
acompañado de insultos, humillaciones y amenazas, con coches policiales
que aparcan justo en los lugares donde se ejerce con la sana intención
de que no se acerque un solo cliente, con el perjuicio económico para
las mujeres que tienen restringido, por tanto, el acceso a los clientes
y al dinero de éstos, su fuente de ingresos.

Este hostigamiento policial ha traído consigo la
dispersión de las mujeres, que se han trasladado en busca de nuevos
lugares donde ejercer. La dispersión también ha imposibilitado el
trabajo de las asociaciones que nos interesamos por ellas para conocer
cuáles son sus necesidades y reivindicaciones. El trabajo de formación
en líderes y la autoorganización de las mujeres son incompatibles con
el acoso y la excesiva movilidad.

También reciben presión las pensiones y locales donde
se ejerce la prostitución en la zona centro de Madrid, con coches
policiales aparcados durante horas y horas frente a los mismos, con la
única intencionalidad de "espantar" a los clientes e impedir trabajar a
las mujeres. Se han intensificado asimismo las detenciones y
deportaciones de prostitutas inmigrantes en situación administrativa
irregular; a quienes se persigue con mucha más fiereza que a cualquier
otra persona extranjera en su misma situación. Al fin y al cabo son
putas "y hay que hacerlas desaparecer de las calles".

Por otro lado, se persigue arbitrariamente a los
clientes, disfrazando esta persecución bajo la forma de controles de
alcoholemia o infracciones de tráfico en las zonas donde se ejerce la
prostitución; multas "por actos deshonestos" en la vía pública;
amenazas de envío de las multas a domicilios particulares o incluso a
las empresas, etc… [1].
El dinero público se gasta en campañas que "demonizan" al cliente y le
responsabilizan directamente de la existencia de trata de seres humanos.

Nos preocupa además que este hostigamiento esté
generando un crecimiento de pequeñas mafias y chulos que florecen
precisamente cuando la situación en la calle se hace más difícil (hasta
no hace mucho la mayoría de mujeres se las apañaban por sí mismas para
trabajar, la figura del chulo entre las españolas había desaparecido
por completo en nuestro país) y los lugares donde ubicarse para ejercer
escasean (esta situación también lleva aparejados enfrentamientos entre
las propias prostitutas, agobiadas por la situación).

El Ayuntamiento, gobernado por Ruiz Gallardón, nunca ha
contemplado a las prostitutas como ciudadanas con iguales derechos que
el resto, nunca ha sido posible negociar, en pie de igualdad con los
vecinos y comerciantes, qué hacer con las zonas donde se ejerce la
prostitución y replantearse la gestión del espacio urbano contemplando
los intereses de todos los agentes sociales. Las prostitutas desearían
poder trabajar tranquilas en espacios donde se les garantizaran ciertas
condiciones y evitar molestias a la ciudadanía.

En estos últimos años han empeorado las condiciones de
las inmigrantes. Muchas de ellas no pudieron legalizar su situación
como trabajadoras sexuales autónomas en la última regularización
llevada a cabo por el Gobierno socialista. Eso sí, el aumento de la
presencia de inmigrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa
perfecta para el desarrollo de planteamientos abolicionistas, que
definen la prostitución como "violencia de género" y por tanto como
algo a erradicar, sin tener en cuenta que esta visión arrastra mayores
políticas de hostigamiento hacia las mujeres, sin ofrecer alternativas
sociales viables a cambio.

La trata de seres humanos

Desde Hetaira pensamos que el Gobierno ha de garantizar
los derechos vulnerados de las mujeres que en algún momento han
ejercido la prostitución en contra de su voluntad. Pero las proclamas
grandilocuentes no sirven, sirven los hechos. Las medidas de protección
existentes hoy en día son claramente insuficientes. La ley de testigos
protegidos aplica los beneficios para las víctimas a modo de
"contraprestación" (facilitar información que las fuerzas de seguridad
evalúen como "importante") y no como medidas de "protección" (tal y
como recomienda la ONU). Es más, en ocasiones las víctimas son

Ilustración: Paula Cabildo

tratadas como delincuentes. Casi todo el mundo recuerda
redadas policiales, retransmitidas por las propias fuerzas de seguridad
del Estado en televisión, en donde las cámaras siempre enfocan a las
mujeres, nunca a los proxenetas.

El Gobierno socialista se comprometió a poner en marcha
el Plan de Acción contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. El
borrador de dicho plan contiene aspectos más que problemáticos. En
primer lugar, sólo se dirige a la "explotación sexual", pero obvia
otras formas de trata de seres humanos (explotación laboral en talleres
clandestinos, el servicio doméstico o los matrimonios forzosos); es
decir, no pone en primer término los Derechos Humanos de las víctimas,
de todas las víctimas. En segundo lugar, el borrador no diferencia
entre trata y tráfico ilícito de inmigrantes. Una diferenciación, desde
nuestro punto de vista, fundamental, dada la gran cantidad de
inmigrantes que han entrado en nuestro país de forma irregular, a
través de redes de todo tipo, que les obligan a pagar cantidades de
dinero abusivas (que les permitan esquivar la Ley de Extranjería) pero
no a trabajar en ningún ámbito en régimen de esclavitud.

Las ideas abolicionistas

Las Conclusiones de la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer del Congreso de los Diputados, dadas a conocer en 2007 no
han tenido en cuenta a quienes ejercen la prostitución de manera
voluntaria (hombres, mujeres o transexuales femeninas).

La situación de las mujeres que ejercen la prostitución
de manera voluntaria tampoco está exenta de problemas y no puede verse
en blanco sobre negro. Decidir dedicarse a la prostitución no implica
necesariamente que ésta se desarrolle siempre libremente, sin ningún
tipo de abusos o imposiciones. Por el contrario, las condiciones en las
que hoy se ejerce la prostitución están muy contaminadas por el estigma
y la falta de reconocimiento y derechos. Muchas de las prostitutas que
han decidido trabajar en la industria del sexo no han podido elegir las
condiciones de precariedad en las que desarrollan su trabajo. Los
empresarios de los clubes de alterne imponen sus condiciones sin que
ninguna ley ampare los derechos laborales de las trabajadoras y en
muchos casos se da una clara explotación laboral: horarios
interminables, imposición de clientes y prácticas sexuales, tantos por
cientos abusivos por parte de los empresarios… Igualmente, las que
captan su clientela en la calle sufren coacciones y abusos por parte de
algunos vecinos y especialmente de la policía, favoreciendo que renazca
la figura de los chulos, esos personajes que
amparándose en la inseguridad que hoy implica trabajar en la calle se
ofrecen como protectores y que en la mayoría de los casos se aprovechan
de su situación de indefensión. Acabar con todo esto implica como
primer paso reconocer la prostitución como una actividad laboral
legítima y darles a las prostitutas el estatus de "trabajadoras"
reconociendo los derechos que les pertenecen.

Las conclusiones se alían con el Convenio de Naciones
Unidas, firmado en 1948, que considera la existencia de explotación
sexual aunque exista consentimiento de la víctima, en lugar de
remitirse a los convenios europeos actuales. Se niegan los derechos
laborales porque: "Existe vulneración de los derechos fundamentales"…
y se relaciona permanentemente la "prostitución" y la "trata de
mujeres" como si fueran la misma cosa. Por si todo esto fuera poco,
estigmatiza aún más a las prostitutas al concluir que: "Las mujeres que
han estado durante periodos de tiempo en situación de prostitución
sufren importantes secuelas, tanto físicas como psicológicas". Afirman,
sin datos que lo avalen, que: "En los países que se ha regulado la
prostitución se ha incrementado tanto la actividad de la prostitución
como el tráfico y la trata de seres humanos". Por último, proponen
desarrollar una serie de medidas encaminadas a reducir la demanda de la
prostitución, a través de campañas que transmitan la idea de que la
prostitución es una forma de violencia de género y una práctica que
atenta contra los Derechos Humanos; solicitando también a los medios de
comunicación la renuncia a la publicidad relacionada con la industria
del sexo.

Estas conclusiones simplistas e ideologizadas reducen
los problemas que se dan en la prostitución a la maldad de los hombres
y su sexualidad. Y, por supuesto, ignoran la decisión de un sector
importante de prostitutas que quieren seguir ejerciendo la prostitución
pero en mejores condiciones.

Desde Hetaira, como feministas, siempre hemos defendido
la capacidad de decisión de las mujeres y por ello creemos que hay que
tener en cuenta que las medidas de protección para los sectores más
desprotegidos de mujeres no vulneren su capacidad de decisión, sino que
la potencien incluso en aquellos casos en los que se encuentra muy
dañada a causa de haber padecido situaciones traumáticas. Por lo tanto
hay que contar con la opinión de las prostitutas, de todas, incluidas
las víctimas de trata a las que habría que ayudar a saber qué quieren
hacer con sus vidas: si quieren quedarse en nuestro país o volver al
suyo de origen, si quieren trabajar en otro ámbito laboral o ejercer la
prostitución de manera autónoma, etc. y no hacer lo que se hace ahora
cuando se desmantela una red en que la primera medida que se toma es la
expulsión y deportación de las víctimas a sus países de origen.

Es necesario, hoy más que nunca, seguir defendiendo la
capacidad de autodeterminación, la libertad, la autonomía y los
derechos de todas las personas que trabajan en la prostitución,
teniendo en cuenta las situaciones diferentes que hoy se dan. Para ello
es imprescindible diferenciar entre prostitución forzada y voluntaria.
Y acabar con la hipocresía que hoy existe al respecto, reconociendo
social y legalmente que ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero
es una actividad lícita, es un trabajo para muchas personas, y que, en
consecuencia, habrá que articular derechos sociales y laborales. Las
trabajadoras del sexo deben ser reconocidas como sujetos sociales y
sujetos de derechos, escuchando a sus representantes y legislando
atendiendo a sus intereses ya que ellas suelen ser la parte más
vulnerable del negocio de la prostitución.

---

Cristina Garainzabal y Mamen Briz forman parte del colectivo Hetaria.

[1]
En Madrid se ha hecho uso de una ordenanza franquista para justificar
el hostigamiento hacia los clientes, la Ordenanza de Policía y Buen
Gobierno de la Villa de Madrid, de ¡1948!.

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