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EEUU: la hostilidad de la Corte Suprema al trabajo sindicalmente organizado

Una empresa o negocio que regularmente recibe fondos impositivos (tal como un hogar de ancianos) puede emplear esos fondos –gastarlos– en sus esfuerzos por dejar afuera a un sindicato, con el fin de evitar que un sindicato represente a sus empleados.

Cualquiera que se interese por la futura salud del trabajo organizado debería saber que el tema acaba de tomar un giro sombrío. El pasado jueves 19 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó una ley del estado de California que prohibía a los empleadores gastar fondos estatales en sus campañas para disuadir a los empleados de votar para elegir representación sindical.

En una sentencia con una votación 7 a 2 (los Jueces Breyer y Ginsburg votaron en disidencia), la Corte dejó sin efecto una decisión de la Corte de Apelaciones del 9° Distrito y declaró que, al violar el derecho de un empleador a la “libertad de expresión”, la ley del estado de California era inconstitucional.

La norma, conocida como la Ley de la Asamblea de California 1889, fue la primera de su tipo en ser aprobada en los Estados Unidos. Sin embargo, desde su adopción, en el año 2000, otros diez estados, incluyendo New York y Florida, aprobaron leyes similares. Como consecuencia de esta decisión, todas estas leyes estaduales no podrán ahora ser aplicadas.

En efecto, la sentencia implica que una empresa o negocio que regularmente recibe fondos impositivos (tal como un hogar de ancianos) puede emplear esos fondos –gastarlos– en sus esfuerzos por dejar afuera a un sindicato, con el fin de evitar que un sindicato represente a sus empleados. Volvamos a esto, más lentamente: los sindicatos no tienen autorización para utilizar fondos estatales en sus campañas de reclutamiento, pero la dirección de las empresas puede hacerlo en sus intentos por dejarlos afuera.

Si esto suena un poco, digamos, sesgado, es exactamente ésta la impresión que tuvo el Juez Breyer, quien hizo notar que los tribunales usualmente otorgan a las legislaturas estatales “amplia autoridad para gastar dinero [de los contribuyentes]” de la manera en que elijan hacerlo. De acuerdo con el criterio de Breyer, si los habitantes de California eligen no emplear su dinero impositivo en campañas lanzadas por la dirección empresarial para dejar afuera a los sindicatos, “¿por qué deberían ser obligados a pagar?”

En respuesta al argumento de que la ley violaba las disposiciones constitucionales sobre la libertad de expresión, Breyer replicó que la posición del estado de California era, de hecho, algo así como sostener “Adelante, hable, hable… sólo que no con nuestro dinero”. Aparentemente, esta línea de razonamiento no fue lo suficientemente convincente para persuadir a sus colegas, ni siquiera a los Jueces Souter o Stevens.

La primera demanda legal fue iniciada en 2002 por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La Cámara obtuvo una decisión favorable en una corte federal y, luego la vio confirmada por un panel de tres jueces del 9° Circuito. Pero en 2006, el 9° Circuito decidiendo en pleno (con todos sus jueces) dejó sin efecto la decisión del panel, sosteniendo que violaba la “neutralidad” del derecho laboral permitir a las empresas utilizar fondos impositivos para combatir a los sindicatos. Con la bendición de la administración del Presidente Bush, la Cámara de Comercio llevó la cuestión a la Corte Suprema.

Las implicaciones que la decisión tiene son enormes y, francamente, sombrías. Nadie ha intentado decir que la dirección empresarial no tenga el derecho constitucional de intentar formular su caso en contra de que sus empleados se unan a un sindicato, en tanto este tema sea presentado de modo legal, sin intimidación, engaño o coerción. Lo único que los sindicatos siempre buscaron fue una oportunidad justa para acercarse a los empleados en forma directa, en un terreno nivelado.

Pero esta decisión de la Corte Suprema es algo completamente distinto. Al permitir a la dirección empresarial emplear fondos estatales provenientes de la recaudación impositiva en sus campañas anti-sindicales, la decisión pone patas arriba a la democracia. Se vuelve un caso en el que el dinero del pueblo es empleado para combatir al pueblo.

¿Cómo puede este arreglo ser concebido como de alguna manera “neutral”? ¿Y cómo puede decir alguien con cara seria que esto constituye una nivelación del terreno? En verdad, el caso es un ejemplo más de la honda hostilidad que la Corte tiene frente al trabajo.

David Macaray es un escritor radicado en Los Ángeles. Fue presidente y negociador jefe del Sindicato de los Trabajadores del Papel, Local 262, entre 1989 y 2000.

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