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Muchas proceden de sectores en vías de desaparición y la gran mayoría
apenas goza de la calificación suficiente para optar a puestos de nueva
creación.
Consciente de esta situación, el Gobierno aprobó en abril un
conjunto de medidas de estímulo económico, que inyectarán este año
10.000 millones de euros a familias y empresas. Entre otras
iniciativas, destaca un "plan especial para la recolocación de
trabajadores desempleados", cuyo presupuesto ronda los 201 millones de
euros. Tras meses de retraso, el objetivo es "reforzar las acciones de
inserción laboral y formación profesional mediante la contratación de
1.500 orientadores para que elaboren itinerarios personalizados para
los trabajadores afectados", dice el plan, que entrará en vigor en
septiembre. Paralelamente, se ofrecerá una ayuda extraordinaria de 350
euros mensuales durante tres meses para desempleados con especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral y cuyas rentas sean
inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),
que ronda los 516 euros al mes.
Más allá de estas ayudas, lo que
verdaderamente necesitan los parados es que se invierta en su formación
para que puedan reciclarse profesionalmente. Esto es precisamente lo
que hace desde el mes pasado el departamento de Trabajo de la
Generalitat de Cataluña, una de las comunidades pioneras en poner en
marcha acciones formativas de este tipo, junto con Aragón, Castilla-La
Mancha y Galicia.
Con un presupuesto de 53 millones de euros, el Gobierno catalán impulsará el plan Formación=Trabajo=Futuro,que pretende "formar específicamente a 21.000 parados al año en
actividades laborales emergentes, que están demostrando ser capaces de
generar puestos de trabajo dignos y con futuro", afirma Joan Josep
Berbel, director del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).
Después
de analizar la realidad económica y empresarial de la comunidad, el
equipo de Berbel ha elaborado una lista con las ocupaciones más
demandadas por el mercado laboral. "Muchos de estos nuevos empleos
pretenden cubrir las necesidades emergentes del Estado del bienestar",
apunta Berbel.
Entre otras actividades en auge, que requieren
cierta calificación profesional, cada vez se solicitan más cuidadores
para personas con discapacidad; educadores sociales para personas
mayores de edad; mediadores sociales para conflictos familiares o de
inmigración; especialistas en igualdad de oportunidades y políticas de
género para empresas, así como expertos en medio ambiente y
sostenibilidad, añade. También hay alta demanda en el sector industrial
(con la alimentación y el metal a la cabeza) o el de la economía del
conocimiento, con especial énfasis en las tecnologías de la informática
y la comunicación (TIC).
El Gobierno catalán, que está
profesionalizando y modernizando las 70 oficinas del SOC, destinará
otros cinco millones de euros a financiar cursos a medida de empresas
que quieran instalarse en Cataluña o que piensen ampliar su plantilla.
Eso sí, "al finalizar dicha acción formativa, al menos el 60% de las
personas que han aprobado la realización del curso deberán ser
contratadas por un mínimo de seis meses", señala Berbel.
Esta
iniciativa piloto, que con el tiempo va a extenderse al resto de
comunidades autónomas, tiene la finalidad de optimizar el aprendizaje,
motivando así a los parados. No en vano, se trata de un colectivo que
debido a su "incertidumbre laboral" suele ser "más susceptible de caer
en las garras de la ansiedad, la apatía e incluso la depresión",
explica el psicólogo David Pradal, del centro General Formación, que
cuenta con subvenciones públicas para formar a personas desocupadas.
En
su opinión, "en la medida en que oferta y demanda se acerquen por medio
de una formación especializada, que vaya de la mano de contratos
laborales, los parados tendrán más motivos para activarse y acoger el
proceso de reciclaje como una buena oportunidad de superación personal
y promoción profesional". Eso sí, "se trata de un largo camino en el
que se empiezan a dar los primeros pasos". -
| Cristino
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