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De estos, el personal al servicio de la Administración estatal se ha reducido un 32,2% en este periodo, hasta los 561.551 personas, mientras que los trabajadores de las Administraciones autonómicas han crecido un 92% en una década, hasta los 1,3 millones de empleados, según un informe elaborado por Fomento del Trabajo.
El presidente de la patronal, Juan Rosell, afirmó ayer que el aumento de funcionariado “merece un análisis que profundice en las competencias de cada trabajador y de cada administración”. Y se preguntó “a qué se dedican los funcionarios de ministerios como el de Cultura o el de Sanidad, cuando todas sus competencias están traspasadas”.
Rossell abogó por un cambio del modelo de contratación actual –que podría durar entre diez y quince años– que dé como resultado un mayor porcentaje de contratos indefinidos pero con entradas y salidas más flexibles del mercado laboral. Y alertó de que si no se realiza esta reforma, “no habrá dinero para pagar la actual estructura”.
Autonomías
En 2007, el 15,41% de la población asalariada estaba contratada por la administración pública. Este dato varía según las comunidades, coincidiendo, en la mayoría de casos –excepto en la Comunidad de Madrid, con un 15,73%–, con la posición registrada en las balanzas fiscales presentadas por el Ejecutivo.
Sobrepasan la media nacional Extremadura (con un 28,68% de funcionarios sobre el total de población asalariada), Castilla y León (20,53%), Castilla-La Mancha (19,5%) y Andalucía (18,51%). En el lado contrario, por debajo de la media estatal, se encuentra Cataluña (9,79%), Comunidad Valenciana (12,25%), Islas Baleares (12,52%) y País Vasco (13,66%).
M. Anglés
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