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Igualdad de género y políticas públicas
Los gobiernos habrán de planificar un pacto social por la igualdad. Sindicatos, asociaciones feministas y sociedad civil tienen la responsabilidad de reclamarlo.Qué
enfoque han de tener las políticas públicas, cómo
han de reorientarse las prioridades del gasto público, sobre
estas y más cuestiones reflexiona en el siguiente informe
María Pazos, experta en estudios fiscales, economía y
estadística.
La Comisión Europea ofrece cada año un informe en el que
analiza las desigualdades entre hombres y mujeres. En el del año
2008 señala que: “Son innegables los avances
cuantitativos que se han producido en los últimos diez años
en el empleo de las mujeres, aunque aún se precisa de
esfuerzos para mejorar el aspecto cualitativo”. Con ‘avances
cuantitativos’ se refiere al aumento de las tasas de empleo
femenino. Por aspectos ‘cualitativos’ entiende que: “Hay
varios aspectos de la calidad del trabajo femenino que siguen siendo
problemáticos”. ¿Cuáles? Continúa
el informe: “Los indicadores de remuneración, segregación
del mercado laboral y presencia de mujeres en puestos de
responsabilidad no muestran ningún progreso significativo
desde hace varios años (…) La segregación
sectorial y ocupacional por sexo no baja e incluso aumenta en algunos
países, lo que indica que las mujeres que han entrado
recientemente en el mercado laboral lo han hecho en sectores y
profesiones que tradicionalmente cuentan con una presencia
mayoritaria de mujeres”.
Más adelante, el informe destaca la significativa caída
de la tasa de empleo de las mujeres con hijos pequeños a cargo
(un promedio de 13,6 puntos), mientras que en el caso de los hombres
esta tasa aumenta. El 76% de los trabajadores a tiempo parcial son
mujeres, y también son mujeres la mayoría de los
contratados temporales. El paro de larga duración sigue siendo
mucho más frecuente entre las mujeres (4,5 %) que entre los
hombres (3,5 %). Finalmente el informe resume que las carreras
profesionales de las mujeres son más cortas y más
lentas y están peor remuneradas, lo que incide también
en el riesgo de pobreza, particularmente entre las mujeres mayores de
65 años (21%, cinco puntos más que los hombres). Llamar
‘avances cuantitativos y no cualitativos’ a estas tremendas
desigualdades es un eufemismo bastante típico de los informes
europeos.
solución
hay solución dentro del modelo de ‘sustentador
masculino/esposa dependiente’. El informe citado clama por:
“Empleos de calidad que favorezcan la independencia económica
de las mujeres”, así como por: “Un firme compromiso
de realizar todos los esfuerzos necesarios para combatir las
diferencias de remuneración entre hombres y mujeres”.
Nada más necesario. Sin embargo, la Comisión Europea
parece olvidarse de sus propios consejos cuando propone medidas
concretas. Si no, ¿de qué otra forma podríamos
explicarnos la propuesta de anular la actual directiva que limita la
jornada a 48 horas semanales para aumentar ese tope hasta 65 horas?
Aún para las personas sin responsabilidades de cuidados, 65
horas son una barbaridad: divididas entre cinco días de
trabajo semanal, salen a 13 horas al día, y si contamos 8
horas de sueño, 2 de transporte y 2 de comida, llegamos a 25
horas diarias. Imposible, estas cuentas deben de estar mal hechas.
Otra posibilidad: si dividimos entre 7 días salen 9,3 horas
diarias. ¿Será esto? Adiós entonces a lo de ‘y
el séptimo descansó’ que nos contaban en la escuela
para inculcarnos el derecho básico al descanso semanal. Pero,
¿y la vida familiar? ¿Cómo se conjuga la jornada
interminable y la flexiguridad (o flexiseguridad, o sea, el despido
libre) con las llamadas ‘medidas de conciliación’ que
‘aseguran’ a los trabajadores con responsabilidades familiares
derechos a reducciones de jornadas, excedencias con reserva del
puesto de trabajo, flexibilidad en los horarios, etc.?
Sólo existe una explicación a este aparente enigma: a
la hora de legislar, se sigue pensando en dos grupos de personas
diferentes: uno el de los trabajadores a tiempo completo y sin
dedicación al cuidado. El otro, el de las personas con
responsabilidades de cuidado que se ven obligadas a sacrificar su
carrera profesional. En definitiva, se sigue legislando conforme al
modelo de ‘sustentador masculino/esposa dependiente’. Como ya ha
pasado en países como Holanda o Alemania, estas medidas de
‘conciliación’ configuran un mercado de trabajo segmentado
en el que las mujeres que osan tener hijos se ven condenadas al
tiempo parcial y a los ‘trabajillos para mamás’ según
la denominación alemana. El asunto no afecta solamente a las
mujeres con hijos, ya que los empresarios se curan en salud: en
Holanda, por ejemplo, ya el 75% de las mujeres que trabajan lo hacen
a tiempo parcial. En España, con las crecientes facilidades
para la reducción de jornada, el tiempo parcial está
aumentando a marchas agigantadas. Y no hace falta decir que la
inmensa mayoría de las personas a tiempo parcial son, en todas
las partes del mundo, mujeres; ni tampoco hace falta recordar que el
tiempo parcial es también salario parcial y derechos parciales
de todo tipo; en resumen, que el tiempo parcial no permite la
independencia económica. Ésta es la razón por la
que los hombres no se acogen a estas supuestas ventajas.
En nuestro país, como antes en otros, se están dando a
las mujeres supuestas compensaciones por el cuidado. Pero, ¿se
puede compensar a las mujeres por la pérdida de derechos que
les ocasiona su alejamiento del empleo? Diane Sainsbury explica que
esas prestaciones siempre son sustancialmente menores que los
derechos sociales basados en la participación en el mercado de
trabajo. Las pensiones no contributivas, las prestaciones para
cuidadoras familiares o las compensaciones por excedencias, no
permiten a las mujeres una vida económica independiente.
y demografía
igual que los hombres no se acogen a las medidas de conciliación,
las mujeres, en su mayoría, ya no ‘eligen’ ser
dependientes. Las tasas de actividad de las mujeres jóvenes no
casadas son ya prácticamente iguales a las de los hombres, y
también las de las casadas van camino de serlo. ¿Es
esto un problema para la sociedad? Antes se pensaba que era necesario
el sacrificio de las mujeres para ahorrar servicios públicos,
y que la igualdad suponía un gasto que la economía no
se podía permitir. Ahora sabemos que es justamente al
contrario: la desigualdad impide el aprovechamiento del capital
humano de las mujeres para el trabajo asalariado, así como el
potencial cuidador de los hombres. La desigualdad provoca graves
ineficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo y del
sector público. Numerosos estudios, por ejemplo el del
sociólogo danés Esping Andersen, demuestran lo rentable
que sería organizar el trabajo doméstico y de cuidados
con servicios públicos y participación igualitaria de
los hombres.
Sin embargo, aunque no hay argumentos ni de justicia ni de eficiencia
económica para intentar frenar el proceso de incorporación
total de las mujeres al empleo, parece subsistir el problema
demográfico. Las medidas tradicionalmente llamadas
‘natalistas’ y ‘de conciliación’ se apoyan en la
creencia de que la transformación de la familia ha sido la
causa de la caída de la tasa de fecundidad. En base a esa
creencia, muchas personas piensan que la única forma de
recuperar dichas tasas de fecundidad es la vuelta de las mujeres al
hogar, aunque sea temporal y/o parcialmente. Nada más lógico
aparentemente. En base a ello, piensan que más vale sacrificar
en parte el capital humano de las mujeres, aún en detrimento
de la eficiencia económica a corto plazo, con tal de resolver
el problema demográfico, que es uno de los mayores lastres de
la economía a medio-largo plazo. Si esto fuera posible,
tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las
mujeres y los de la economía. Pero no lo es: en los países
donde ya tienen derechos civiles, las mujeres no están
dispuestas a renunciar a su autonomía personal en aras de la
maternidad. Es cierto que las prestaciones para el cuidado, si son
incompatibles con el trabajo asalariado, tienen el efecto de
disminuir la tasa de actividad de las mujeres con hijos, pero también
lo es que estas mal llamadas ‘políticas natalistas’ no
frenan la caída de las tasas de fecundidad (a pesar de las
elevadas partidas de gasto público que suponen). De hecho,
investigaciones recientes, como la de Mörtvick y Spant, muestran
cómo las tasas de fecundidad más bajas de Europa son
las de los países con modelos más tradicionales de
matrimonio y cuidado de niños.
El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha
llegado a llamar ‘huelga de fecundidad’) es el siguiente: ante
las dificultades para tener hijos sin renunciar a su trabajo y en
condiciones adecuadas, las mujeres son reacias a tomar la decisión.
Así, muchas renuncian a la maternidad (en España, el
19,4% de las mujeres en edad fértil afirma que no quiere tener
hijos), otras toman la decisión de tener el primer hijo a una
edad muy tardía (la edad del primer hijo se ha retrasado de 25
años en la década de 1950 a 30,6 años en 2006.
Mucho más difícil aún es tomar la decisión
de tener el segundo, pues a las dificultades de mantenerse en el
empleo se añaden los conflictos de pareja que se plantean con
el primero. Así es como se explica la enorme frecuencia de la
norma ‘mujer con uno o ningún hijo’, como es el caso de
muchas mujeres profesionales que, después de perder
oportunidades por criar a su primer hijo, terminan, divorciadas o no,
de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria.
Entonces, ¿cómo se consigue convencer a las mujeres de
que tengan más hijos? La experiencia de los distintos modelos
de políticas familiares en Europa es muy ilustrativa a este
respecto: la única receta es la igualdad de género,
según Sommestad. Hay tres factores claves: el primero es un
buen sistema de educación infantil, con plazas suficientes y
asequibles económicamente para la mayoría, así
como horarios suficientemente largos y flexibles. El segundo es la
participación de los hombres en el trabajo doméstico y
de cuidados, lo que se consigue principalmente con permisos de
paternidad intransferibles, acompañados por supuesto de
campañas educativas y otros incentivos. Por último,
debe apoyarse a las madres solas, lo que además es clave para
evitar la pobreza infantil.
El caso de Suecia es ilustrativo. En este país se llevaron a
cabo reformas radicales de las políticas públicas para
orientarlas hacia el modelo de sociedad de personas
sustentadoras/cuidadoras en igualdad. Con todos estos cambios, la
tasa de fecundidad sueca pasó de ser una de las más
bajas de Europa a ser una de las más altas, y muchos autores,
como Sommestad y Gustafsson, destacan que la conjugación de
los objetivos demográficos con los de la igualdad de género
fue determinante en este cambio. Hoy Suecia está a la cabeza
de la igualdad de género y de la competitividad económica,
aunque aún quede mucho camino que recorrer también en
este país.
de cuidados
otra cara de la moneda del problema demográfico es el aumento
de la esperanza de vida. Así, cada vez hay más personas
mayores que cuidar y cada vez menos personas en edad de hacerlo. Ésta
situación se ha dado en llamar la ‘crisis de cuidado’,
Como las mujeres han sido, hasta ahora, las proveedoras de cuidados
casi en exclusiva, muchas personas piensan que su independencia
económica, por muy justa que resulte y por muchos otros
beneficios que acarree, entrañaría la disolución
de los lazos familiares y el abandono de las personas a su propia
suerte, mientras que el modelo familiarista de ‘sustentador
masculino/esposa dependiente’ aparece como favorecedor de la
cohesión familiar.
Esta idea está lejos de ajustarse a la realidad. Al contrario:
la frecuencia de atención a otros miembros de la familia es
mayor en los países en los que el modelo de políticas
públicas es el de ‘sustentadores/cuidadores en igualdad’,
pero esa dedicación está más orientada al
‘cuidado de calidad’ en lugar de a satisfacer las necesidades
básicas. Sin embargo, en los países en los que no
ayudan los servicios públicos, los familiares que se dedican
lo hacen más intensamente, mientras que otros se alejan, como
se ve en la siguiente tabla.
Entonces, ¿a quién favorece el modelo de ‘sustentador
masculino/esposa dependiente’? Quede esta pregunta abierta. Lo que
está claro es que ese modelo perjudica a las mujeres, no
favorece a la familia, es pernicioso para la economía y es una
catástrofe para la demografía. No hay, pues, argumentos
racionales para mantenerlo.
para un cambio de modelo
se encuentra en una situación excepcional en la que las
expectativas de igualdad entre hombres y mujeres son mayores que las
existentes en ningún otro momento histórico y en la
mayoría de los países de nuestro entorno. La
consecución de la igualdad está presente en las
declaraciones de intenciones de las autoridades; y cuestiones antes
relegadas, como la violencia de género o la desigualdad en los
salarios y en el empleo, son hoy percibidas por la ciudadanía
como graves problemas a resolver.
Por otro lado, nuestro sistema de bienestar social,
infra-dimensionado por razones históricas, está en
condiciones de situarse a la altura del desarrollo económico
adquirido por nuestro país. Es ahora cuando se está
decidiendo el modelo de incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo. Aún no está desarrollada la
atención a la dependencia, que puede ir por la creación
de servicios públicos o por seguir estableciendo prestaciones
para cuidadoras familiares (desgraciadamente, existen indicios
preocupantes de que se está optando por la vía de las
cuidadoras familiares, a pesar de que esa vía se contemplaba
en la ley de dependencia solamente con carácter excepcional).
En definitiva, está por ver aún la orientación
del aumento de gasto público en protección social, que
sin duda se llevará a cabo para disminuir el alto diferencial
que nos separa de la media europea.
Pero ¿es posible un cambio de modelo? Está pendiente la
discusión de cuál debe ser el enfoque de las políticas
públicas. Apostar decididamente por la igualdad de género
exigiría reorientar las prioridades del gasto público.
Algunas de las reformas más importantes de la política
social para situarnos en la vía de un modelo de
‘sustentadores/cuidadores’ en igualdad serían: un permiso
de paternidad intransferible e igual al de maternidad (reforma de los
permisos actuales de maternidad, paternidad y parentales y
establecimiento de un permiso por nacimiento o adopción igual
para cada progenitor/a, que sea intransferible, pagado al 100%, de la
misma duración y con la misma parte obligatoria para cada
progenitor o progenitora); la individualización total del IRPF
(con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa
dependiente en la forma actual -declaración conjunta- o en
cualquier otra posible); que las prestaciones y/o desgravaciones para
el cuidado no estén, en ningún caso, condicionadas a la
inactividad laboral de la persona cuidadora (esto implica la
derogación del artículo 18 de la ley de dependencia y
de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en la
ley de igualdad); servicio público de atención a la
dependencia; universalización de la educación infantil
de 0 a 3 años (con precios asequibles y horarios lo
suficientemente largos y flexibles, así como recursos para
horarios laborales especiales y emergencias de trabajo coyunturales);
y, la eliminación de todas las partidas del presupuesto
público que supongan apoyar actuaciones no igualitarias y/o
denigrantes para la imagen de las mujeres.
Todas estas reformas exigen voluntad política y una
planificación a medio-largo plazo basado en un pacto social
por la igualdad impulsado desde los gobiernos. Los sindicatos, las
asociaciones feministas y la sociedad civil tienen la responsabilidad
de reclamarlo. La discusión de las implicaciones económicas
favorecerá la toma de conciencia necesaria para que este nuevo
contrato de género sea posible.
María
Pazos (maria.pazos@ief.minhac.es)
es experta en estudios fiscales, economía y estadística.
Para
saber más:
.
Comisión Europea (2008): Informe sobre la igualdad entre
hombres y mujeres. Enhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0010:FIN:ES:PDF
.
Esping-Andersen, Gøsta (2008): ‘Modelos de sociedad,
demografía, economía y políticas públicas:
un nuevo contrato de género’. En Pazos, M (ed): Economía
e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en
el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, 2008. Enhttp://www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero/Libro_Genero.pdf
.
Gustafsson, Siv (2008), ‘Restricciones económicas para
constituir una familia’. En Pazos, M (ed): Economía e
igualdad de género: retos de la hacienda pública en el
siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, 2008. Enhttp://www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero/Libro_Genero.pdf
.
Mörtvik, Roger y Spånt, Roland
(2005): Does gender equality spur
growth? En OECD Observer.
.
Pazos (2008): ‘Género, orientación del presupuesto
público y eficiencia económica’. En Pazos, M (ed):Economía e igualdad de género: retos de la hacienda
pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales,
2008. Enhttp://www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero/Libro_Genero.pdf
.
Sainsbury, Diane (1999): Gender
and welfare state regimes. Oxford
University Press.
.Sommestad,
Lena (2002) Gender Equality - A key to our future? En http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=1321&nocache=true&a=4220
| Cristino
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