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Redacción (06/10/2008)
Tras diez años de presión, en diciembre del año pasado el Senado aprobó definitivamente la Ley de Comercio de Armas. Según la campaña Armas Bajo Control,
fue "un avance importante para poner fin al enorme coste humano que
tienen las transferencias irresponsables de armas", ya que,
advirtieron, "el comercio descontrolado de armas causa en el mundo una
muerte cada minuto".
Pero la ONG catalana Justícia i Paupresentó el pasado día 3 su informe sobre el comercio de armamento
español entre 1997 y 2007 con datos muy negativos. España es ya el
octavo país del mundo en venta de armamento a países en conflicto o que
destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, como
Colombia, Israel y Ghana.
"La tendencia continúa al alza desde del 2002 aunque no es exclusiva de
España, sino que se da a nivel mundial", explicó la vicepresidenta de
Justícia i Pau, Tica Font, durante la presentación del informe,
elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de
Defensa.
Hace tan sólo unos meses, Font presentó el informe de 1997 a 2006.
Los últimos datos recabados sobre la actividad en 2007 confirman el
negativo panorama que el Gobierno deberá tratar de invertir ahora que
existe la Ley de Comercio de Armas.
España es el responsable
del 2,19% de las exportaciones mundiales de material de defensa, aunque
para la economía española sólo supone el 0,51%, por lo que "el Gobierno
perfectamente podría decidir producirlo pero no exportarlo" sin afectar
a la situación economía, señaló Font. A su entender, si no se prescinde de las exportaciones "es más que por razones económicas, por voluntades políticas".
El año pasado, se ingresaron 933 millones de euros --un 10% más que el
año anterior y cinco veces más que en 1998-- gracias a las
exportaciones, de las que el 35% se realizaron a países en conflicto o
en situaciones de tensión, que participan en guerras o que invierten
más en defensa que en políticas sociales.
Países vetados por la Ley de Exportación de Armas, que también prohíbe
--"con excepciones"-- la venta a países sancionados por la ONU y la
Unión Europea, aquellos que no respeten los derechos humanos, que no
condenen el terrorismo ni los que tengan un nivel de bienestar
"delicado".
Sin embargo, España vende armas a Turquía, Angola, Sri Lanka, Pakistán
y Kenia, entre otros, por lo que "el espíritu de la ley se está
vulnerando con las exportaciones a estos países", señaló Font.
Las principales exportaciones realizadas entre 1998 y 2007 fueron
aeronaves (32%) y barcos (29%), mientras que el 11% correspondió a la
venta de combustibles y explosivos, como bombas incendiarias, torpedos,
mísiles o bombas de racimo, aunque las empresas españolas dejarán de
producir y comercializar estas últimas a finales de año, cuando España
suscriba el tratado de la ONU contra este tipo de armamento.
No obstante, el Ministerio sólo indica a que categoría pertenecen las
armas que se venden, sin especificar qué tipo de material militar es ni
quién es el productor ni el comprador. Justícia i Pau critica que las
exportaciones armamentísticas estén sometidas a la Ley de Secretos
Oficiales, que dificulta la información.
En la misma línea, la vicepresidenta de Justícia i Pau explicó que
según el Ministerio no se vende material militar a Ghana --situada en
una región conflictiva--, pero sí constan entre tres y cuatro millones
de euros en concepto de tales transacciones en los registros aduaneros.
Otra de las cuestiones que preocupan a Font es que España venda
material de defensa de hasta la categoría cuatro --que incluye
ametralladoras y misiles-- a empresas privadas para uso privado. Si se
confirman sus sospechas significará que "España entra a participar en
la privatización de la guerra y el fomento de los ejércitos de
mercenarios".
¿Qué PueDo HaCer yo?
Puedes unirte a la campaña Armas Bajo Control.
También puedes enviar una carta al Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos para que se firme en la Asamblea General de las Naciones Unidas un convenio efectivo contra el comercio de armas.
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