Federación de Servicios Financieros y Administrativos

Solbes rechaza la directiva por considerar que margina a los supervisores de filiales

Los 27 no logran un acuerdo sobre solvencia de aseguradoras por discrepancias en supervisión

Los ministros de Economía de la Unión Europea no lograron alcanzar hoy un acuerdo sobre la nueva norma europea para reforzar la solvencia de las aseguradoras por las discrepancias en cómo debe organizarse la supervisión de los grupos transnacionales. España encabeza un grupo de 12 países que bloquean la directiva por considerar que da un papel excesivamente protagonista al supervisor del país de la empresa matriz y margina a los supervisores de los Estados miembros donde la compañía tiene filiales.

El vicepresidente económico y ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo que la propuesta de compromiso presentada por la presidencia francesa no encuentra un "equilibrio adecuado" entre supervisores, porque "el de origen es que toma las decisiones pero en caso de dificultades es el de destino el que tiene que hacer frente a la financiación y a los problemas".

Por su parte, la ministra francesa de Finanzas y presidenta de turno del Ecofin, Christine Lagarde, explicó que los ministros han encargado a los embajadores de los Veintisiete que examinen de nuevo la cuestión con carácter "urgente" y con un "espíritu constructivo" para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible.

La norma en cuestión, denominada 'Solvencia II', refuerza los requisitos de capital para las aseguradoras en la provisión de riesgos. En estas nuevas garantías ya hay acuerdo entre los Estados miembros. Sin embargo, se establece un cambio en el modelo de supervisión, ya que el responsable máximo será el país donde se sitúa la matriz del grupo y no el país donde se encuentra la filial como ahora.

A favor de este cambio están los grandes Estados miembros como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania y también Países Bajos, Portugal o los países nórdicos por considerar que es el que mejor se ajusta a la lógica económica. España y otros 11 países lo rechazan.

EUROPA PRESS

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