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Boletín de Noticias Comfia - Info
Resumen diario
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La violencia contra las mujeres sigue siendo invisible en la Unión Europea
En Suecia, sólo el 12% de las violaciones denunciadas a la policía desemboca en juicio. En Dinamarca, el sexo sin consentimiento en el matrimonio no está penado. En Francia, una mujer muere cada tres días a manos de su pareja. Y en España, las víctimas de violencia de género en situación irregular se enfrentan a la amenaza de expulsión si se deciden a denunciar.
En la Unión Europea (UE), decenas de miles de
mujeres y niñas de todas las edades y de todos los grupos sociales son
víctimas de múltiples formas de violencia. Son maltratadas por sus
parejas o exparejas, son víctimas de trata, sufren abusos y violencia
sexual por parte de familiares, personas de su entorno y desconocidos,
mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
Pero
realmente se desconoce la magnitud del problema, ya que la violencia de
género en los países de la UE sigue estando oculta. Países como
Eslovenia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Lituania, Polonia y
Rumania no registran información sobre violencia de género ni en las
comisarías, ni en los juzgados; y otros como Austria, Bulgaria, Estonia,
Italia o Malta ni siquiera tienen legislación o planes de acción para
abordar la violencia. Además de una respuesta desigual en los distintos
Estados miembros, tampoco existen políticas comunes para combatir la
violencia de género en el ámbito europeo.
Peticiones a
la Presidencia española de la UE
Amnistía Internacional da
la bienvenida a la iniciativa mostrada por la Presidencia española de
impulsar la adopción de medidas para luchar contra la violencia de
género en el territorio de la UE, entre ellas, la creación del
Observatorio Europeo de Violencia de Género. Sin embargo, la
organización pide a la Presidencia que este Observatorio no se limite
únicamente a los casos de violencia a manos de la pareja o expareja y
aborde todas las formas de violencia que sufren las mujeres y niñas por
el hecho de serlo; esto es, la trata, la violencia sexual, la mutilación
genital femenina, la violencia a manos de parejas y exparejas, los
matrimonios forzados, entre otras.
En el marco del Consejo de
Empleo, Política Social y Sanidad (EPSCO, por sus siglas en inglés) que
se celebra en Bruselas el próximo 8 de marzo y de la reunión informal de
Ministros y Ministras de Igualdad que se celebra en Valencia el próximo
26 de marzo, Amnistía Internacional pide a España y al resto de los
Estados miembros que adopten un compromiso formal para impulsar
iniciativas de lucha contra la violencia de género en todo el territorio
de la UE.
“El Observatorio es un primer paso positivo, pero de
nada servirá si no existe entre los 27 una firme voluntad política y un
compromiso expreso de darle continuidad para su adecuada puesta en
marcha. Deben establecerse estándares mínimos comunes, como existen en
materias como transportes, comercio, seguridad o inmigración y asilo,
que obliguen a los Estados miembros a garantizar la prevención de la
violencia de género, la protección de las víctimas, la sanción del
delito y la reparación”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional España.
Para ello, Amnistía Internacional ha
pedido a la Presidencia española, a través de un ciberacción en
www.actuaconamnistia.org, que:
- El Observatorio Europeo de
Violencia de Género sea un órgano independiente, aborde todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, recoja datos para
dar visibilidad al problema, trabaje la prevención, el procesamiento de
los autores, así como la protección y la reparación de las víctimas.
- Se
establezcan los procedimientos adecuados para identificar, proteger y
ofrecer indemnización a las personas objeto de trata, en cumplimiento
del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de
Seres Humanos.
- Se haga una referencia expresa en el
Plan de Acción del Programa de Estocolmo a la lucha contra todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, a la mutilación
genital femenina, y al principio de diligencia debida en cuestiones
penales, acceso a la justicia, cooperación policial y procedimientos de
asilo individuales. El Parlamento Europeo estimaba en 2008 que alrededor
de 500.000 mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital
femenina en Europa y otras 180.000 corren riesgo de ser mutiladas cada
año.
- Se adquiera un compromiso con los derechos de las
mujeres y las niñas, también fuera de las fronteras de la UE, para ello
debería impulsar mejoras en el caso de 9 defensoras de los derechos de
las mujeres nicaragüenses, que se enfrentan a varios cargos por haber
ayudado a una niña de 9 años, violada en 2003, a abortar legalmente.
Éste es uno de los 10 casos de personas en riesgo que Amnistía
Internacional ha presentado a la Presidencia española.
Información adicional
Rosita
fue violada y quedó embarazada con sólo 9 años. Fue en el año 2003,
entonces en Nicaragua el aborto era legal en caso de que la vida de la
madre corriera peligro o si el embarazo era fruto de violación. Nueve
mujeres (Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina
Arguello, Marta María Blandón, Marta Munguía, Mayra Sirias, Violeta
Delgado y Yamileth Mejía) con extensa experiencia en la promoción de la
salud sexual, ayudaron a Rosita y a su familia a abortar legalmente.
El
aborto legal de Rosita en Nicaragua fue autorizado por una comisión de
médicos convocada por el Ministerio de Salud, también lo aprobó el
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y las
investigaciones del Ministerio Público estimaron que se había realizado
dentro de la legalidad. Quienes autorizaron el aborto y apoyaron a
Rosita para acceder a él, lo hicieron con el convencimiento de que
estaban salvándole la vida.
En 2006 se declararon ilegales todas
las formas de aborto. El nuevo Código Penal impone penas de prisión para
los médicos que practiquen abortos y para las mujeres y niñas que se
sometan a un aborto o pidan que se les practique, sin tener en cuenta
las circunstancias. En 2007, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos
Humanos, organización respaldada por la Iglesia católica, presentó una
denuncia contra estas mujeres por su implicación en el caso de Rosita.
La causa sigue abierta, y mientras tanto, en 2008 el Gobierno anunció
que varias ONG estaban siendo investigadas por presunta gestión
irregular de fondos. Entre ellas, el Movimiento Autónomo de Mujeres, al
que pertenecen estas nueve activistas defensoras. Desde entonces no se
las ha dejado de intimidar y hostigar.
Amnistía Internacional
Cristino
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