Internet de las cosas, Open Data, pago con móviles, administración digital y cloud serán algunos de los ejes tecnológicos del futuro a medio plazo de la milenaria ciudad madrileña.
El camino recorrido por la ley Sinde-Wert hasta su entrada en vigor está, como el del infierno, empedrado de buenas intenciones. O de patéticas excusas.
¿Cuantos usuarios tiene WhatsApp en España? Casi 10 millones. ¿Quién lo dice? No es un dato oficial que proporciona la compañía. Es el resultado de realizar una simple consulta a los servidores de WhatsApp.
Cinco de las más grandes empresas del sector tecnológico español (Microsoft, HP, Intel, Nokia y Vodafone), junto con las asociaciones empresariales CEOE, ATA y CEAT, presentaron ayer por la mañana en Madrid el “Plan de Competitividad” del sector TIC, que tiene como objetivo principal acercar las nuevas tecnologías a las pequeñas y medianas empresas.
La aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles, WhatsApp ha sido bloqueada en Siria, según la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay, ha expresado su preocupación por el continuo bloqueo de páginas de Internet en muchos países, especialmente durante acontecimientos políticos de importancia.
Queridas amigas y amigos en Europa, en pocos días la Comisión Europea hará un último intento por revivir el ACTA. Pero si intervenimos ahora, fracasará este ataque global contra la libertad de Internet.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha mostrado su confianza en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)
imponga la jurisdicción europea sobre las pretensiones de Google de
remitir la tutela sobre los datos de los ciudadanos del viejo
continente a la corte estadounidense.
Las compañías deberán adaptarse a las futuras normas de protección de datos.
¿Son realmente aplicables estas normas cuando hablamos de Internet?
Entra en vigor el reglamento de la Ley Sinde-Wert, que prevé la retirada de material protegido o el cierre de sitios web infractores, y arranca el funcionamiento de la nueva Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI). La industria cultural quiere evitar 'denuncias' masivas para no mermar la eficacia de la normativa, que evaluará en dos o tres meses.
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