Catalunya: La ley de Servicios Sociales no podrá ser aprobada en el último pleno del Parlament

Catalunya: La ley de Servicios Sociales no podrá ser aprobada en el último pleno del Parlament
Tanto UGT como CC. OO. y un número importante de entidades han enviado cartas al departamento para reclamar la aprobación de la ley. Fuentes de CiU señalan que otras entidades preferían su paralización

 

La ley de Servicios Sociales, el proyecto estrella que había promovido el Departament de Benestar i Família dirigido por la consellera Anna Simó, ha quedado en vía muerta. El plazo de presentación de enmiendas al articulado de la ley concluye hoy, pero ayer CiU solicitó una prórroga hasta el 12 de julio, lo que en la práctica impide la aprobación de la ley en el último pleno del actual Parlament.

La nueva consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, hizo un llamamiento, durante la inauguración por la mañana de la Escola d´Estiu de CC. OO. en Manresa, para que ni CiU ni el PP obstruyesen la aprobación de la ley con una solicitud de prórroga. De no presentarse ninguna solicitud, la comisión de política social del Parlament podía haber designado el día 11 una ponencia que disponía de un día para estudiar las enmiendas y emitir un dictamen. Fuentes de la Conselleria de Benestar aseguraron que formalmente era posible, dado el carácter de urgencia con que se tramitaba la ley, que ésta hubiese sido votada por el último pleno del Parlament de esta legislatura que se celebra los días 13 y 14 de este mes. Sin embargo, ayer por la tarde el diputado de CiU Josep Lluís Cleries confirmó a este diario que CiU había hecho efectivo ya el derecho de prórroga “porque es una garantía democrática”.

Cleries, además, rechazó las afirmaciones de la consellera en el sentido de que “no es CiU quien ha impedido la aprobación de la ley, porque el Govern ha tardado dos años y medio en presentarla”. Además, según este diputado, pretender la discusión de todas las enmiendas en un solo día era también “una falta de respeto al Parlament”. Para Cleries el mejor ejemplo de que CiU no tiene una voluntad obstruccionista es que en este mismo pleno se va a aprobar la ley de Prestaciones Sociales y recordó que en la tramitación de ese proyecto también se solicitó la ampliación del plazo de presentación de enmiendas, pero en esa ocasión lo hizo ICV.

La imposibilidad de aprobar esta ley en la presente legislatura supone un retraso como mínimo de nueve meses, aún en el supuesto de que el Govern resultante de las nuevas elecciones lo presentase tal cual.

La consellera Carme Figueras destacó ayer que el pilar fundamental de la ley es la universalización de los servicios sociales. La ley plantea el copago de algunos servicios, en función de la renta del beneficiario, y no de la de sus familiares, ya que el derecho universal a los servicios sociales no tiene por qué ser equivalente a una gratuidad total.

El diputado del PP Joan López se mostró también “indignado” por las afirmaciones de la consellera de Benestar. “Son unas declaraciones que sólo se pueden hacer con voluntad de engañar y confundir a la gente”, dijo y culpó al tripartito de la no aprobación. El dirigente del PP agregó que la consellera “ni siquiera nos ha llamado para decir cómo lo hacemos para aprobar la ley”.

Tanto UGT como CC. OO. y un número importante de entidades han enviado cartas al departamento para reclamar la aprobación de la ley. Fuentes de CiU señalan que otras entidades preferían su paralización “porque la ley nace vacía y los servicios quedan pendientes de un futuro decreto”.

Los objetivos no realizados

El estudio económico vinculado al proyecto de ley indicaba que el incremento presupuestario previsto pretendía la duplicación de los servicios de atención domiciliaria, un aumento del 50% en las plazas de centros de día para discapacitados y del 10% en los equipos de atención a la infancia hasta el 2008. La aplicación de esta ley debía representar hasta el año 2015 la creación de 52.000 puestos de trabajo. Una enmienda transaccional firmada por los partidos de izquierda pretendía llegar al 70% del indicador de renta de suficiencia de Catalunya en el 2007 y al 80% en el 2008. El objetivo era llegar al 100% entre los años 2010 y 2012. El número total de beneficiarios al final del proceso debía ser de 250.000 personas.

La Vanguardia