“Los procedimientos para 'pinchar' llamadas se hacen sin garantías”

Entrevista a la "defensora del internauta" de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, autora de la denuncia ante la UE contra Sitel

16-09-2009 -

Tras haber sido rechazada su denuncia por el Tribunal Supremo y el Constitucional, la abogada Ofelia Tejerina acude más arriba. Está convencida de que el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) que utiliza el Ministerio del Interior es un arma descontrolada por su escasa cobertura jurídica y la inexistencia de órganos de control. “Me da igual a quién beneficie o perjudique, lo importante es que se garanticen los derechos de los ciudadanos”. La sentencia del TS rechazó en 2008 la denuncia de la Asociación de Internautas —elaborada por Tejerina—, pero hubo una voz discordante.

El juez Óscar González dijo que el asunto debió elevarse al Constitucional “para garantizar el secreto de las comunicaciones”.
Sí. Además citó sentencias del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aseguran que el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también “la identidad de los interlocutores”, lo cual colisiona con nuestra ley.

¿Y no acudieron al TC?
Sí. Entendíamos que se dejaba sin garantía constitucional un derecho fundamental.

¿Cuál fue la respuesta?
El TC dijo que no veía “el alcance constitucional”. Nos quedamos helados y fuimos a la UE.

¿Por qué es ilegal Sitel?
No tiene la cobertura legal adecuada. No está delimitado su funcionamiento, ni los controles, ni hay garantías de que cumple su finalidad correctamente, ni hasta qué punto puede actuar un agente facultado o no. Desde el primer momento en que se va a limitar un derecho fundamental, como es el derecho al secreto de las comunicaciones, tiene que haber un juez. No se puede permitir el acceso a datos “con carácter previo”, como dice la ley, porque entonces ya se están limitando parte de los derechos de personas que a lo mejor no tienen nada que ver.

Ese es el principal punto de la ley que denuncian
Sí. A parte de la calidad de la ley, que no es adecuada. Al tratar de límites al ejercicio de un derecho, debe regularse por ley orgánica.

¿Ve intereses políticos detrás de la sentencia del TS?
No quiero entrar ahí. Mi trabajo es jurídico. Me da igual quién está en el poder. Esto no va ni contra PP ni contra PSOE, sino en defensa de los derechos de las personas.

Pero Sitel también puede ser utilizado para otros fines.
Independientemente del Gobierno que esté, el Poder pretende con esto tener manga ancha para poder utilizar políticamente las escuchas telefónicas. De que hay un interés político, estoy prácticamente convencida. Ahora bien, también puede ser un interés económico o personal de alguno de los cargos que dominan el entorno Sitel.

¿Cómo lo harían?
Las operadoras están obligadas a proporcionar al agente que los pida datos asociados a las llamadas (DNI, localización geográfica, direcciones IP), por ley. Luego, con Sitel puede escuchar conversaciones. Eso siempre con permiso del juez. El problema es que el magistrado puede autorizar el pinchazo sobre una persona, pero Sitel permite tener acceso a las llamadas que ha recibido, los sms y otras conexiones telefónicas. Una llamada perdida, por ejemplo, puede ser una señal para que alguien entre a cometer un delito, pero también puede ser alguien que se ha confundido. El tráfico con otros terminales también comienza a ser investigado. Y los agentes pueden acceder legalmente a los datos de esas personas, que se ven envueltas en un asunto pudiendo ser inocentes. Un ciudadano puede aparecer en papeles porque llamó en una ocasión a un estafador, por ejemplo.

Eso puede pasar ahora mismo.
Perfectamente.

Son seguimientos policiales a través del teléfono.
Si. Y comunicaciones electrónicas, que es lo que se permite en toda esta normativa que denunciamos. El juez tiene que determinar quiénes pueden estar afectados por esa escucha. No puede haber huecos que permitan que, para una escucha, se puedan ver afectados cientos de usuarios. La ley debe delimitar hasta dónde puede llegar el agente, cuál es el cargo responsable, en qué momentos se informa. Para que no queden resquicios a la arbitrariedad de los policías facultados, que no dejan de ser agentes de la Administración. No son el poder Judicial, sino el Ejecutivo.

¿Las denuncias que realiza el PP tienen algo que ver con Sitel?
Es el único sistema de escuchas que utiliza el Gobierno, al menos para asuntos nacionales.

¿La seguridad es secreta?
Hay aspectos que sí. Pero otros, no. Para que se me pueda acusar de pertenencia a banda armada, tengo que saber qué pruebas hay y de dónde se han sacado. Si no, no puedo defenderme.

¿Una sentencia favorable de la UE obligaría a repetir los juicios que tenían Sitel como prueba?
En teoría, sí. Aunque habría que ver cada caso concreto.

Se revisaría el ‘caso Gürtel’.
Claro. Sabemos que todas esas cosas podrían no llegar al fin que en un principio se desearía. Pero también sabemos que todos estos procedimientos se están haciendo sin las debidas garantías.

Roberto R. Ballesteros

La Gaceta

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